La impunidad es un rasgo distintivo del contexto de seguridad publica en México.
Hay grupos y líderes criminales que durante años operaron en una zona determinada, aterrorizando a la población sin que las autoridades los frenaran, al contrario, muchas veces con la protección de las mismas, hasta que los abusos se mediatizaron, lo que obligó a actuar, pero ello no compensa todos los abusos pasados que se toleraron.
Ejemplos hay muchos, durante años los Caballeros Templarios azolaron a la población de Michoacán, hasta que en 2013, hartos de los atropellos, ciudadanos se organizaron en varios municipios y crearon grupos de autodefensa.
Esto tuvo una amplia cobertura en los medios, lo que obligó a las autoridades federales, encabezadas por el Presidente Enrique Peña Nieto a actuar, por lo que enviaron muchos efectivos a dicha entidad y en unos cuantos meses detuvieron y abatieron a los principales líderes de los Caballeros Templarios, al grado que hoy si bien siguen existiendo, lo cierto es que se trata de una organización menor, con presencia en pocos municipios.
Otro ejemplo es el de Guerreros Unidos, que asoló la parte central del estado de Guerrero durante años, sostuvieron una disputa contra organizaciones como los Rojos, la Familia Michoacana y el Cártel Independiente de Acapulco, pero fue hasta que se dio el secuestro y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que las autoridades fueron los por líderes de esta organización.
Ahora, ante el descubrimiento del campo de entrenamiento y exterminio Rancho Izaguirre en Teuchitlán Jalisco, el gobierno después de haber hecho poco por actuar contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, ahora anuncian la detención de José Gregorio Lastra Herminda, a quien señalan como responsable del reclutamiento para esta organización y como responsable del Rancho Izaguirre.
La cuestión es que, si se hubiera actuado antes, se pudieron haber prevenido los hechos y se habrían salvado vidas.
@victorsanva
