México está constantemente expuesto a fenómenos naturales como incendios, huracanes, inundaciones, sismos, sequías y deslaves, por ello en 1996 se creó el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), que a través de un fideicomiso, en donde se contaba con recursos de emergencia, los mismos se podían aplicar de manera rápida, para responder a los efectos generados por los desastres naturales.
Sin embargo, a iniciativa del Presidente y avalado por el Congreso de la Unión, se desaparecieron varios fideicomisos, entre ellos el FONDEN, por lo que ahora no existe un fondo de emergencia de rápida aplicación, que por ejemplo permita que se puedan destinar recursos de manera expedita para combatir los incendios en Coahuila y Nuevo León, o bien los efectos de los huracanes en Quintana Roo o de un sismo en Oaxaca.
De hecho, no está claro si ahora el Estado mexicano tiene la obligación de aportar para enfrentar los desastres naturales porque ha quedado todo en el campo de la discrecionalidad y la gestión de recursos extraordinarios pasa a ser sumamente burocrática y por ende tardada.
Lo que la evidencia científica indica es que en los próximos años los fenómenos naturales adversos serán cada vez más frecuentes debido al calentamiento global, es decir, cada vez habrá peores sequías, heladas o inundaciones, huracanes más fuertes e incendios más complicados de controlar.
Y ante ese escenario, México ya no contará con un fondo específico para hacer frente a los desastres, por ello estamos prescindiendo de una herramienta de política, precisamente en el momento en que más se requiere.
Y no se trata de señalar culpables o de defender el ejercicio del FONDEN en gobiernos pasados, sino de contar con instrumentos para atender problemas comunes y que se hacen presentes todos los años en diversas regiones de México.
Puede ser bajo otra configuración distinta al FONDEN, pero lo que es cierto es que al país le hace falta una herramienta para hacer frente a los impactos sociales y económicos de los fenómenos naturales.
@victorsanval
