Se podría pensar que al ser una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, las muertes por COVID-19 se ha distribuido de manera aleatoria, sin embargo, la Facultad de Medicina de la UNAM acaba de publicar un interesante estudio que demuestra con datos fiables, que el 94% de las muertes por COVID-19 se relacionan con sectores laborales que no pudieron realizar home office.
Dentro de este porcentaje se encuentran las muertes de médicos, enfermeras y personal de hospitales, pero también de muchas personas de bajos ingresos que no pudieron trabajar desde casa y no les quedó opción más que seguir laborando en la calle, comercios o fabricas para ganar el sustento diario, por ello, se puede hablar que en las muertes por COVID-19 existe un sesgo económico, porque las personas de más bajos ingresos fueron las más afectadas en esta pandemia.
A lo anterior debemos sumar el hecho de que, en los casos graves, los hospitales privados fueron significativamente mejores que los públicos a la hora de salvar vidas, ello se constata en el hecho de que el 92% de las muertes por COVID-19, se dio en hospitales públicos y sólo el 8% en privados, por lo que quienes tenían dinero para acceder a un hospital particular, tenían muchas más oportunidades de sobrevivir sobre quienes no podían permitirse ese lujo.
Por tal motivo, es posible señalar que la mala estrategia gubernamental de contención de los contagios por COVID-19, terminó por afectar en mucho mayor medida a quienes menos tienen y por tanto, los pasos en falso que se dieron, costaron vidas en los deciles de ingresos más bajos.
Requerimos por tanto de políticas públicas efectivas que atiendan a las familias de las personas fallecidas por COVID-19, porque si una de las causas de un porcentaje importante de muertes fue la imposibilidad de dejar de laborar, lo lógico es pensar que muchas familias perdieron a las personas que mantenían los hogares y las carencias económicas se han profundizado en esas familias.
@victorsanval
