Hace unos días en un informe presentado por el Subsecretario de Gobierno Alejandro Encinas, se confirmó algo que trabajos periodísticos habían dicho desde hace años, la noche del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa el ejército supo de los hechos y no movió un solo dedo para evitar la tragedia, incluso cuando tenían a un espía infiltrado en la normal rural, que lamentablemente terminó siendo uno de los desaparecidos.
Tal como lo relató el documental Mirar Morir de Coitza Grecko, el ejército no cumplió con su función de proteger a la población, sino que permaneció impávido mientras que criminales y policías locales secuestraron, torturaron, desaparecieron y mataron a jóvenes estudiantes.
¿Por qué tendría que ser diferente en otras situaciones futuras de riesgo a la población?
Este hecho debe llevarnos a la reflexión porque se trata del mismo ejército al que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le quiere delegar toda la responsabilidad de la seguridad pública en México, fusionando con ellos a la Guardia Nacional.
Ayotzinapa no fue un hecho aislado, ya que el ejército tampoco hizo nada frente a la masacre de Allende o dejó a su suerte a los habitantes de Aguililla, Michoacán, de forma que la población no puede estar segura si en momentos de amplia violencia los militares entrarán a defenderlos o simplemente dejarán que los criminales actúen con impunidad.
Se argumenta que la razón para dejar la seguridad en manos de los militares es que son menos propensos a la corrupción, pero demasiados hechos acumulados a lo largo de los años nos hacen al menos poner en tela de juicio dicha afirmación, ejemplos como el arresto en Estados Unidos del General Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional, el desvío de más de 156 millones de dólares por militares a través de empresas fantasma entre 2013 y 2019 o el hecho de que todos los integrantes originales de los Zetas, fueran militares, nos llaman a ser más precavidos con esa creencia.
@victorsanval
