Cuando el acceso a información del presupuesto público era, por decir lo menos, nulo, lo más que se podía hacer era contrastar lo prometido con lo visiblemente disponible, sin mayor evidencia. Con el tiempo, se fue logrando una mayor apertura de información que permitió concentrarse más en el presupuesto público y menos en las promesas. Así, surgieron desde la sociedad civil múltiples propuestas. Una de ellas se llama “Follow the money” (seguimiento del dinero), que fue diseñada para fortalecer las capacidades de la participación ciudadana trazando la ruta del dinero público para desarrollar una estrategia de seguimiento que, con estricto apego a la ley, permita generar evidencia documentada y útil para que la ciudadanía entienda cómo impacta en su vida diaria. Más aún, para que sepa si cuenta o no con argumentos para legitimar el quehacer público.
La lógica de esa iniciativa permite hacerla extensiva a otras áreas del Estado no menos importantes. Un ejemplo es la justicia penal, de la que no se puede hablar sin considerar el papel de la procuración de justicia. Ejemplo que durante los últimos años ha incrementado su presencia en la discusión pública, ya sea por la falta de resultados tras una reforma que tardó ocho años en ser implementada y lleva seis sin dar indicios de que se va a cumplir lo prometido. O por un contexto en el que solo uno de cada diez delitos se denuncia y persisten elevados niveles de desconfianza ciudadana en jueces, policías y ministerios públicos (INEGI). Y es que si la ciudadanía puede preguntar legítimamente cómo se gasta el dinero en programas sociales, un tanque de agua o un tren, también podría preguntar legítimamente cómo se procura o imparte justicia, si se cumple con el debido proceso, el estado de derecho o el principio de presunción de inocencia. Parece pues, momento de pensar en una iniciativa “Follow the justice” (seguimiento de la justicia) que también permita trazar la ruta de la justicia para darle seguimiento con estricto apego a la ley. La evidencia de ejercicios realizados en Morelos y Coahuila indica que no hay pretexto que impida hacerlo, más aún, con las soluciones tecnológicas actualmente disponibles. Sería más fácil involucrar a la ciudadanía en estos ejercicios de gobernanza judicial, generando evidencia útil que fortalezca las capacidades ciudadanas para entender qué pasa con el debido proceso; si la prisión preventiva oficiosa se aplica con estricto apego a le ley y no por contentillo; si se respetan los derechos humanos; o si las policías trabajan en condiciones óptimas de desarrollo policial. Que la gente sepa si cuenta o no con argumentos para legitimar el quehacer judicial.
Víctor Andrade Carmona** El autor es médico investigador del movimiento Ciencia Previene Violencia, una iniciativa del Instituto de Salud Pública Anáhuac, Universidad Anáhuac México.
