“No hay peor ciego, que el que no quiere ver”
Dicho popular
La historia de la multicomentada “Ley Bonilla”, pareciera que se olvida, pero luego surgen datos o noticias que la reviven, tal y como acaba de suceder, al conocerse hace unos días la opinión emitida por el TRIFE y que fue enviada al Ministro José Fernando Franco González Salas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se trata de un documento que contiene la opinión técnica sobre el Decreto 351, con el que se publicó la reforma por la cual se amplía de 2 a 5 años, el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y en el cual se señala claramente que la reforma es inconstitucional.
Esta opinión fue emitida antes de que el gobernador protestara su cargo y tiene su fundamento en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, relativa a las Acciones y Controversias Constitucionales.
Esta opinión fue motivada por las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por los partidos PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y PRI y fue emitida por unanimidad de los 7 magistrados que integran la Sala Superior del TRIFE, debiendo recordarse que este tipo de opiniones sobre temas electorales, no son obligatorias, y su función es orientar la resolución que en su momento emita la Suprema Corte.
Considerada también como diligencia para mejor proveer; el ministro instructor hasta antes de dictar sentencia, puede solicitar a las partes o a quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos que a su juicio resulten necesarios para la mejor solución del asunto.
Los argumentos plasmados son bastantes, el principal es que no se cumple con el principio de temporalidad mínima, toda vez que la reforma se publicó el 17 de octubre de 2019, siendo que el proceso electoral transcurrió del 9 de septiembre de 2018 al 7 de octubre de 2019, con lo que se violentó el principio de certeza, ya que es obligatorio que cualquier reforma electoral se haga con 90 días de anticipación al inicio del proceso electoral.
También se menciona que la reforma viola el principio de elecciones libres, auténticas y periódicas; y pasa por alto la voluntad popular, al extender el mandato más allá del periodo para el cual había sido electo democráticamente, puesto que el Congreso local asumió el papel de realizar algo parecido a una “elección a modo”, al establecer un nuevo periodo.
Llama la atención que aunque el López Obrador ha dicho que respetará la decisión que se dicte por las autoridades jurisdiccionales; Jaime Bonilla quien es un empresario, y amigo desde hace varios años del Presidente, no desista abiertamente de este agandalle, tomando en cuenta que ha habido varias sentencias todas con resultado adverso.
Aunque no se sabe con exactitud cuándo resolverá la Suprema Corte, es un hecho que mientras más tiempo dure viva la polémica, igual seguirá afectando al Presidente y a su partido MORENA, y de ello da cuenta, Olga Sánchez, Secretaria de Gobernación, cuando tuvo su desliz de “ingenuidad” según dijo, el día que tomó protesta del cargo, Jaime Bonilla.
*Abogado y Maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa 2010-2017
