Este pasado martes por la mañana, fue aprobado en el Senado de la República, el proyecto de decreto de la mal llamada Ley de Austeridad Republicana, una ley que posee múltiples errores, tanto ortográficos como de fondo, es decir, de temas que son relevantes y que en ocasiones se contraponen con lo establecido en otras leyes.
Este decreto, deberá todavía ser aprobado por la Cámara de Diputados para que se convierta en ley; sin embargo, es casi un hecho que así será, tomando en cuenta que el partido Morena tiene los votos suficientes para aprobar por mayoría simple dicho decreto, por lo que motivos sobran para que estemos preocupados.
Se trata de una Ley, que desde su origen, demuestra claramente la continuidad de un discurso, de quienes hoy dirigen este país, comenzando por el Presidente, lo cual puede observarse en la exposición de motivos de la iniciativa de ley, ya que se siguen la línea de exponer la corrupción de la que tanto se ha hablado y a la par, se busca dividir a los mexicanos.
Un claro ejemplo, es la expresión: “Por el contrario, el objetivo debe consistir, en que el costo de la crisis corra a cargo de los segmentos privilegiados del país. Sobre todo de aquéllos (sic) que se han beneficiado exorbitante e indebidamente con los recursos públicos de la nación”.
Es notorio que se quiere cobrar a los privilegiados el costo de la crisis, y como está redactada la cita anterior, se señala que a todos y posteriormente se agrega, que principalmente a los que han robado dinero de los mexicanos; ante ello, debe decirse que es una expresión injusta, porque no se reconoce a los empresarios y a trabajadores que han logrado alguna posición en base a su esfuerzo.
Y más grave aún, que ya en el texto del decreto, concretamente en el artículo 24, se aprobó una redacción que menciona que los servidores públicos que hayan supervisado, regulado o tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas a menos que hayan transcurrido 10 años.
Con tal disposición seguro se generarán múltiples efectos negativos, puesto que aquellas personas capaces en alguna materia, seguro no querrán entrar a laborar al servicio público, ya que por un lado los sueldos y prestaciones han sido disminuidos con el argumento de la austeridad y por otro lado, por la existencia de este posible impedimento.
Debe considerarse también, que quienes actualmente se encuentren laborando, más allá de discutir si les es aplicable retroactivamente o no, lo establecido en este artículo; seguro no querrán quedarse en la banca, laboralmente hablando, durante un período tan largo de 10 años y ello puede generar, en algunos casos por supuesto, actos de corrupción para hacer un ahorrito.
Existen muchos otros aspectos para comentar, de este proyecto, que aunque seguro será ley, en el fondo esperamos que no; puesto que incluso, los partidos de oposición en el Senado, han señalado que interpondrán acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, por lo que será interesante revisar los debates y resoluciones que se generen.
*Abogado y Maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa 2010-2017
