Hace unos meses, los legisladores del Senado de la República se acomodaban en sus curules y afinaban garganta para colocar en periodo extraordinario la Ley de Salud Mental.
Activistas de la sociedad civil organizada y expertos en la materia se movieron por todos los medios posibles para solicitar poner un alto a tan descabellada idea.
Sus esfuerzos lograron su cometido, ese 29 de julio de 2020, horas antes de dar inicio al periodo extraordinario, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de MORENA, anunció que retiraba la iniciativa de la orden del día a razón de escuchar a los usuarios y sobrevivientes de servicios psiquiátricos, expertos y activistas en salud mental en un parlamento abierto que se celebró en el mes de noviembre pasado.
La queja no solo era la falta de una consulta directa, abierta y sonora de todas y todos los involucrados en el tema de salud mental, sino que, además, la redacción de la ley dejaba mucho que desear, al reforzar el modelo biomédico de atención a los usuarios, un cuadro por demás desfasado de la visión de derechos humanos que ahora mismo impera, o al menos debe hacerlo.
La #LeyBañuelos, como también se le conoce, indicaba que “…las personas usuarias, podrán ser egresadas del centro hospitalario de atención de salud mental, solo cuando el médico tratante considere, que, por mejoría de su estado de salud mental, puede continuar su tratamiento en forma ambulatoria, o bien, si lo solicita un familiar por escrito.”
Bueno, pues mientras estaba aquel distractor, en la Cámara de Diputados se cocinaba la reforma de salud mental y adicciones en la Ley General de Salud, que sin decir agua va, hace unos días, los morenazos de fuego, como ya es su costumbre, hicieron montón para aprobarla y pasarla al Senado.
Con ésta, la preocupación es la misma que con la antes mencionada, trasgrede y violenta los derechos humanos de las personas usuarias de servicios psiquiátricos, estigmatiza a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, al seguir permitiendo la institucionalización forzada en hospitales y clínicas.
A pesar de los argumentos de la oposición por parar semejante aberración, ahora los activistas, expertos y usuarios preparan defensa de su capacidad jurídica cuando se aliste a discusión en el Senado.
¿Estarán dispuestos a escucharlos?
Primero Persona.
