El inicio de la guerra contra el narcotráfico por parte del Estado mexicano en diciembre de 2006, durante el gobierno de Felipe Calderón, cambió la vida de la población, que comenzó a sufrir en carne propia la diversificación de actividades de los cárteles de la droga: la extorsión, robos, secuestros, trata, tráfico de personas, entre otros, se volvieron parte de la vida cotidiana.
Con la Encuesta de la Dinámica Demográfica es posible medir la intensidad de este fenómeno en dos cohortes de tiempo: en agosto de 2009, cuando la ola de violencia en México había alcanzado la cúspide, y cuatro años después, en agosto de 2013, momento en que la violencia se había extendido por todo el territorio nacional.
Al comparar los datos sobre migraciones por inseguridad pública o violencia entre las dos cohortes de tiempo, se estimó que durante 2009 cambiaron de entidad de residencia habitual en México 2.2 millones de personas por inseguridad pública o violencia, y en 2013 fueron 1.4 millones de personas, cantidad que se incrementa hasta 1.7 millones al adicionar el arrastre migratorio, es decir, a los familiares.
En conjunto, cinco entidades del país (Tamaulipas, Guerrero, Ciudad de México, Veracruz y Estado de México) concentraron más de la mitad de las migraciones realizadas por inseguridad pública o violencia, siendo Tamaulipas el caso más alarmante, con la tasa de emigración más alta en el contexto nacional.
Las migraciones por violencia e inseguridad pública en México son un fenómeno que se extendió por el territorio nacional, volviéndose parte de la vida diaria de los ciudadanos. En las condiciones actuales es probable que continúe siendo cada vez más visible y se consolide en un futuro, por lo que debemos pensar en cómo disminuir la violencia, ya que es el principal obstáculo para alcanzar una mejor calidad de vida.
JOSÉ ALFREDO JÁUREGUI DÍAZ
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