Margaret Thatcher –quien fuera líder del partido conservador de 1975 a 1979 y primera ministra del Reino Unido de 1979 a 1990– al responder a la presión de la opinión pública por las reformas fiscales impulsadas desde su gobierno expresó, como parte de la defensa de su propuesta tributaria, una de sus frases más célebres “No existe tal cosa como el dinero público, sólo el dinero de los contribuyentes”.
Si bien su propuesta de generar una tasa única para el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en lugar del impuesto progresivo, donde el que gana más tiene una tasa mayor, fue muy cuestionada, porque favorecía a los más ricos. No deja de tener cierta razón al afirmar que el gobierno no tiene una fuente inagotable de dinero; y que el estado no tiene más dinero que el dinero de los contribuyentes. Por lo que, si el Estado quiere gastar más dinero, sólo puede hacerlo endeudándose o aumentando los impuestos.
Debemos entender que los servicios gratuitos provistos por el Estado son financiados por todos aquellos que, vía pago de impuestos y derechos, aportan a las arcas públicas los recursos necesarios para ello. Tal es el caso de los servicios públicos municipales como el alumbrado público, la seguridad o el mantenimiento de parques y áreas verdes.
En esta misma categoría entra desde luego, la Educación Pública. Por lo que resulta pertinente aclarar que si bien la educación es gratuita, no es gratis. Tiene un costo. Un costo que al final, pagamos todos.
Por ello es menester ejercer el presupuesto público de manera responsable. Y aún más importante, entender que aquellos que somos beneficiados con su ejercicio, nos hereda con ello, una obligación intrínseca de responsabilidad y deuda moral para con el Estado.
Nos referimos en específico a aquellos privilegiados que accedimos a la educación superior en una Universidad pública. Y al hablar de privilegio no es cuestión de retórica; ya que según datos de la OCDE, para el caso de México, solo el 17% de las personas con edades de entre 25 y 64 años han tenido acceso a la educación universitaria. En una frase, diríamos que con los impuestos que pagamos todos, incluyendo a las personas más humildes, se costea la educación de aquellos que de ninguna otra manera habríamos podido acceder a la educación universitaria en una escuela privada.
Sin embargo, los egresados de estas instituciones públicas, se sienten merecedores de todos los apoyos, prestaciones y acompañamientos necesarios para su desarrollo personal y académico; pero sin reconocer la necesaria contraprestación a la que estarían obligados por ello.
El hedonismo y el culto a la persona, no nos permite ver más allá de los logros personales, olvidándonos de la obligada solidaridad para con los sujetos que hicieran posible nuestro acceso a la educación, aún a costa de la cancelación de su propio derecho. Insistimos en el concepto de la Hipoteca Social, y la necesaria legislación que nos obligue mediante el cumplimiento de objetivos precisos y medibles, al cumplimiento del servicio social profesional de carrera.
Sin embargo, hoy día, uno de los grandes retos sociales es generar las condiciones para la creación de un bono ciudadano –más allá de nuevas tasas impositivas o incrementos a las ya existentes– que permita continuar con el auspicio de la educación pública en todos sus niveles y modalidades. Esto, aunado a la imperativa necesidad de trabajar en la transformación de la idiosincrasia de los jóvenes estudiantes para conducirlos a mejores niveles de comprensión respecto a la energía y recursos que se han invertido para construir las bases del progreso que poco a poco hemos construido.
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