Justo cuando supuestamente México se encuentra en la transición a una Democracia de Calidad (algunos de los rasgos de ésta es la existencia de múltiples partidos competitivos lo que a su vez lleva a la alternancia en el poder, que en teoría oxigena los cuadros políticos y ocasiona una rendición de cuentas) ocurre el caso Ayotzinapa, que reverbera y nacionaliza la matanza de Tlatelolco. Semejante torpeza solo podía ser cometido por un abusivo presidente municipal que se sabía arropado por su partido (el PRD, o al menos por algunas de sus corrientes) y cobijado por la impunidad que campea en todo México, a cuya sombra se reproducen como hongos los malos gobiernos.Ante la barbarie de Ayotzinapa confluyen varias expresiones sociales de protesta, entre ellas las de familiares de desaparecidos, extorsionados y secuestrados. Las feministas también han hecho oír su voz solidarizándose con las familias y visibilizando la gravedad que prevalece en la violencia hacia las mujeres, particularmente la violencia sexual y feminicida. La Red de Estudios de Género del Norte de México (REGNM) impulsó al lado de otras organizaciones académicas y de la sociedad civil un pronunciamiento (http://www.notivox.com.mx/politica/Red_de_Estudios_de_Genero-soluciones_ante_violencia-Caso_Ayotzinapa_0_416358467.html) qué básicamente expresa su repudio a los sucesos ocurridos en Ayotzinapa, así como su preocupación por lo que representa: la crisis del estado de derecho que no termina de contener la espiral de violencia. La violencia feminicida y sexual hacia las mujeres se ha venido incubando a la sombra de un estado cómplice que minimiza la violencia hacia las mujeres. Los feminicidios tuvieron su máxima expresión en Cd. Juárez Chih. Y actualmente se ha extendido a prácticamente todo México.El problema, sin embargo, no ha sido atendido por el estado, cuya política de seguridad se ha orientado a los “delitos de alto impacto”. A los feminicidios, se les equipara todavía con “asuntos domésticos” –en el mejor de los casos, pues en otros de antemano se les criminaliza, justificando así su muerte violenta. Y es aquí donde se enlazan los feminicidios no solo con Ayotzinapa, sino también con Tlataya, San Fernando, Allende Coah., Durango y sus fosas clandestinas, Michoacán y sus autodefensas, por mencionar solo algunos casos representativos de la crisis de derecho. Ante tal situación es preocupante que en sus primeros discursos del caso Ayotzinapa el presidente apelara a las deslucidas “reformas estructurales”, que al caso no son efectivas. En su segunda reacción el presidente enumeró un Decálogo de medidas ¿cabrán ahí las mujeres?
