La seguridad es un derecho humano y una responsabilidad indelegable del Estado, que se relaciona con el respeto y la protección de múltiples derechos, como la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio, entre otros; en nuestro Estado democrático de derecho, constituye un elemento indefectible, que permite establecer límites al ejercicio del Poder y aplicar el derecho, para procurar una convivencia armónica.
Las personas, de manera individual, tienen derechos humanos, pero también de forma colectiva; por tal motivo, en importantes instrumentos normativos internacionales y nacionales, se ha procurado reconocer y salvaguardar esos derechos, así como consolidar los sistemas o los mecanismos para garantizarlos, como en el caso de la seguridad pública.
En México, la Constitución política instaura las bases de la seguridad y como ésta se concibe actualmente; el artículo 21 es el fundamento del sistema nacional de seguridad pública, el cual establece, principalmente, la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, e incluye los principios que rigen la actuación de las instituciones de seguridad pública, respetando en todo momento los derechos humanos.
Sin embargo, el tema de seguridad pública no se limita a un solo precepto constitucional; al contrario, este concepto establece en diversos artículos de la Norma Básica Fundante, en los cuales resaltan los siguientes aspectos en esta materia: se estipula la regulación en la selección, el ingreso, la formación, la permanencia, la evaluación, el reconocimiento y la certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; se precisan las bases de los datos criminalísticos y del personal para las instituciones de seguridad pública; y se establece que ninguna persona podrá ingresar, si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema.
En México el Sistema Nacional de Seguridad Pública es la instancia conformada por la federación, las entidades federativas y los municipios, que se encarga de que el Estado cumpla su obligación de garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos.
