En el devenir de la historia, el medio ambiente ha sufrido una serie de cambios provocados por la actividad humana. Hoy por hoy, la observancia para el goce y disfrute del derecho a un medio ambiente sano es una obligación constitucional, pues su importancia radica en crear las condiciones necesarias para que los seres humanos logren una vida digna; sin embargo, nos encontramos con una diversidad de situaciones que no permiten garantizarlo, desde las estrategias que implementa el Estado hasta la actitud pesimista de la sociedad en general.
El Sistema Interamericano refiere la trascendencia del derecho a un medio ambiente sano, pues el numeral 11 del Protocolo de San Salvador de 1988, que es adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, describe que "toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano", de ahí que le corresponde a los Estados parte promover la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.
En este contexto, el escenario actual que prevalece en México con relación a la calidad del aire, en específico en la Ciudad y Valle de México, es preocupante, pues constantemente se activan las contingencias ambientales derivado del peligro que representa la contaminación a los ecosistemas. No obstante, las acciones que lleva a cabo el Estado para proteger el derecho a un ambiente sano y a la salud adolecen de acciones preventivas para corregir la problemática de fondo, toda vez que las contingencias en mención, ayudan de manera temporal y no de manera terminante, por lo que las autoridades correspondientes, deben promover medidas constantes para el mejoramiento del medio ambiente como elemento indispensable que coadyuve a la conservación de la especie humana.
En ese tenor, se deben establecer los mecanismos pertinentes para el cumplimiento de este derecho, para que toda autoridad inmersa en el tema rija su actuar con estricto apego a los derechos fundamentales que establece la ley suprema y los tratados internacionales.
Finalmente, el cumplimiento al derecho a un ambiente sano nos corresponde a todos y, no sólo a las autoridades, ya que así como tenemos derechos, también obligaciones.
