La Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) y las preparatorias 7 y 9 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llevan dos meses en paro, gracias a un movimiento estudiantil sin precedentes. Se trata de una protesta específica de las alumnas de estas instituciones contra el acoso sexual y la violencia por género que ellas han sufrido en las aulas, y ante la cual la institución educativa ha sido omisa.
Para quienes hemos estudiado en la UNAM, no es de sorprender el desinterés de las autoridades. Quienes pasamos por las aulas “unamitas” vivimos o presenciamos de manera directa el acoso sexual propio o de alguna compañera. Pero no sólo la agresión, sino la revictimización de la autoridad universitaria, ya que, tras un proceso de desestimación y cuestionamiento a la denuncia de la víctima, si esta todavía tiene ganas de proseguir, es bombardeada por docentes “solidarios” con argumentos tales como: “Claro que te creemos y te apoyamos, pero ¿estás segura de que quieres denunciar a ese profesor? Él es muy poderoso en la universidad y el proceso te distraerá de tus estudios. No vayas a bajar tu promedio y perder la beca”.
Por ello es de admirar la persistencia de las estudiantes durante estos dos meses, quienes hasta el momento ya obligaron a las autoridades de la FFyL a presentar modificaciones al estatuto general de la UNAM; a la dimisión del secretario académico, y del jefe de la oficina jurídica, acusados de negligencia al atender las denuncias; a respaldar a la Comisión Tripartita para que ésta elija a quienes atenderán los casos de violencia de género, y al compromiso de no represalias contra las mujeres que mantienen el paro.
Aún faltan por cumplir varios puntos, pero estas jóvenes están obligando a las autoridades de la UNAM a tratar por primera vez a las alumnas como sujetas de derechos.
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