La captura de Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, el 27 de febrero de 2015, representó un hito en la lucha contra el crimen organizado en Michoacán. Como líder de “Los Caballeros Templarios”, su detención debilitó significativamente a este grupo delictivo, que había impuesto un régimen de terror basado en la extorsión, el secuestro y la violencia. Aunque su influencia se centró en Michoacán, su operación también afectó a Guanajuato, Jalisco y el Estado de México.
El secuestro y la extorsión se convirtieron en una forma de impuesto criminal en Michoacán, afectando a productores agrícolas, especialmente de aguacate y limón. Muchas familias y empresarios abandonaron sus hogares debido a la violencia. Además, los ataques contra el Ejército y la Policía Federal mostraron la impunidad con la que pretendían operar. Esta crisis de seguridad provocó el surgimiento de grupos de autodefensa en 2013, que más tarde se volvieron más polémicos que la razón propia de su creación.
Servando Gómez inició su carrera delictiva en los años 90 y asumió el liderazgo del grupo en 2010, tras la caída de Nazario Moreno, alias “El Chayo”. Durante cinco años Gómez Martínez evadió la captura hasta que fue detenido por la Policía Federal en 2015. Su arresto debilitó la organización, cuya estructura centralizada impidió su reestructuración.
En Guanajuato, el crimen organizado ha seguido un patrón diferente. Aunque el Cártel de Santa Rosa de Lima comparte similitudes con Los Caballeros Templarios, su estructura es más descentralizada, lo que ha permitido su continuidad incluso después de la captura de su líder, José Antonio Yépez Ortiz.
Una diferencia clave es la fuente de financiamiento. Mientras que Los Caballeros Templarios dependían del narcotráfico y la extorsión, el “Cártel” de Santa Rosa de Lima ha sostenido sus operaciones a través del robo de combustible. Esto le ha proporcionado ingresos constantes, a diferencia de la extorsión, que es más difícil de sostener a largo plazo.
Ambos grupos han justificado su violencia con discursos sociales. Los Caballeros Templarios promovieron un código pseudo-religioso que aseguraba proteger a la población. En Guanajuato, el “Cártel” de Santa Rosa de Lima se presenta como defensor del pueblo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), usando la resistencia como justificación de su violencia.
También comparten estrategias de terror para infundir miedo, incluyendo desmembramientos, ejecuciones públicas y amenazas en redes sociales. Sus líderes han buscado protagonismo mediático: “La Tuta” realizaba videos y entrevistas, mientras que “El Marro” difundía mensajes intimidantes para sus rivales y seguidores.
Sin embargo, la gran diferencia radica en la respuesta del Estado. En Michoacán, tras la captura de Servando Gómez, la organización colapsó sin posibilidad de reestructuración. En Guanajuato, el Cártel de Santa Rosa de Lima ha demostrado una resistencia que llama la atención, en parte debido a la rentabilidad del huachicol y la persistente violencia entre grupos criminales.
El caso de Michoacán deja varias lecciones. La primera es que la captura de un líder criminal no garantiza el fin de la organización. Las autoridades deben mantener una estrategia integral que desarticule toda la estructura delictiva.
Otro aprendizaje clave es la necesidad de eliminar el respaldo social de estos grupos. Muchas veces, su apoyo proviene no solo de sectores marginales, sino también de actores formales que se benefician de sus actividades, como el mercado ilegal de hidrocarburos. Identificar y sancionar estas redes de complicidad es crucial para debilitar la operación criminal.
La violencia en Guanajuato no se resolverá solo con la captura de un líder, como ya quedó de manifiesto. La historia de Michoacán demuestra que, sin una estrategia a largo plazo, la lucha contra el crimen se convierte en una guerra sin fin. La clave está en atacar no solo a los delincuentes, sino también las condiciones que permiten su existencia.
Los diez años que cumple la detención de Servando Gómez no es un trofeo para quienes lo capturaron, sino el cierre a un ciclo de pérdidas institucionales, pero también de demostrar que el Estado siempre será más fuerte que cualquier criminal. Y ese equipo ya está en el territorio correcto, para demostrar que aunque el problema es complejo, existen estrategias que pueden contribuir a reducir la violencia y restaurar la paz.
