Como estrategia política, la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes es enormemente rentable. El 1 de agosto se vivirá un episodio más en la polarización que ya vive el país, solo que esta vez prácticamente ocho de cada 10 mexicanos están de acuerdo con que se lleven a cabo las acciones legales pertinentes, según la encuesta de Tresearch del 16 de junio.
Los mensajes que han dado en medios y en redes de todos los actores del gobierno, de Morena y de sus aliados, nos dicen que la encuesta es para conocer si se debe juzgar a los ex presidentes; pero la pregunta que tendremos en la boleta es ciertamente diferente.
Si bien el Presidente envió al Congreso su petición de consulta popular, la Suprema Corte reformuló la pregunta. La pregunta inicial fue: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”
La pregunta que aparecerá en la boleta es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
En lo legal, nunca se menciona a los ex presidentes, aun cuando toda la publicidad es y será en torno a ellos. La consulta aviva el sentimiento de coraje de un México con profundas desigualdades contra los privilegios y, aunque a muchos nos parece que la aplicación de la ley no se consulta, el tomar en cuenta a los ciudadanos en esta decisión reafirma el sentimiento de cercanía que hoy todavía percibe la mayoría de los mexicanos.
La consulta costará más de 500 millones de pesos. Es vinculante si participa el 40% de la lista nominal (37.5 millones); sin embargo, es tan amplia que se pudiera solventar de muchas formas sin llevar necesariamente a los ex presidentes a un juicio. Es mucho “show”, pero la política es eso. _
