Que los gobiernos utilicen empresas conocidas como "fantasma" para desviar recursos públicos es grave. Y más grave aún, quizás, es que lo hagan los gobiernos que tuvieron como bandera de campaña acabar con la corrupción y estos esquemas de saqueo del erario.
El discurso oficial predominante del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido terminar las prácticas discrecionales del pasado como el otorgamiento de contratos por asignación directa. Sin embargo es la administración que más asignaciones directas ha dado.
Otra promesa fue acabar con los esquemas de triangulación y desvío en las dependencias que contrataban como proveedoras a compañías "fantasma" o "fachada", es decir, que solo existen en el papel para facturar, pero que en realidad no tienen empleados, oficinas o infraestructura y subcontratan o no entregan ninguna mercancía o servicio.
En una investigación realizada por Santiago Alamilla y esta periodista llamada "Gobierno de AMLO otorga contratos millonarios a 18 empresas fantasma" (https://www.m-x.com.mx/investigaciones/gobierno-de-amlo-otorga-contratos-millonarios-a-18-empresas-fantasma), publicada el pasado 3 de diciembre en Emeequis, demostramos que al menos en 2019 y 2020 un total de 20 dependencias del Gobierno de López Obrador dieron contratos por 280 millones de pesos a 18 empresas que fueron declaradas por el Servicio de Adminstración Tributaria (SAT) como con operaciones inexistentes. Lo peor: muchas de ellas realizaron las transacciones con sobreprecios.
Un caso es Source Toner de México, una empresa que según el SAT desde 2019 fue notificada que "estaba emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad", pero que aun así aparece en archivos de Compranet -la página de contratos del gobierno- con seis contratos entre 2019 y 2020 con el Instituto Mexicano del Seguro Social y Conapesca por 110 millones 840 mil 259 pesos. ¿Lo más alarmante? Vendió toners de impresoras multifuncionales de 7 mil pesos cuando el valor aproximado en el mercado es de mil quinientos pesos; esto, si es que realmente los entregó.
Source Toner de México envió una carta a estos periodistas para decir que su caso se había ido a tribunales, aun así cualquier asunto en trámite no ha surtido efectos legales por lo que el estatus que el SAT le otorga se mantiene vigente y la irregularidad de parte de la instancia es la misma.
Otro ejemplo de los sobreprecios se dio en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la delegación de Sonora: la compañía Construcciones, Instrumentación y Servicios S.A de C.V aparece desde 2016 en el listado de "fantasmas" del SAT, pero aun así se le transfirieron en 2019 un total de 92 millones de pesos en dos contratos, uno de ellos a pesar de haber "supuestamente" competido con otros proveedores con propuestas económicas más bajas.
En el mejor de los casos, dando espacio a la duda, se podría decir que las dependencias federales no están coordinadas con el SAT o no revisan el Diario Oficial de la Federación ni las bases de datos oficiales antes de dar fallos. En el peor, y como ha ocurrido en el pasado, estas compañías de papel están siendo utilizadas para saquear las arcas.
¿Dónde terminaron esos millones de pesos de los mexicanos? ¿Quiénes son los responsables? Y sobre todo ¿Quién investigará y sancionará a quienes hayan realizado estas transacciones? Ojalá estas preguntas tengan respuesta en los próximos días.
SANDRA ROMANDÍA es periodista de investigación. Coautora de Narco CDMX (2019) Grijalbo; y Los 12 Mexicanos más pobres (2016) Planeta y ganadora de la beca María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia.
