Garantizar el máximo beneficio para el interés público así como transparentar la honestidad, eficiencia, imparcialidad y la igualdad de condiciones, forman parte del principio doctrinario para la determinación legal y constitucional, según el artículo 134 de la carta magna, para llevar a cabo en las compras del Estado, el proceso de licitación pública.
La practicidad y en ocasiones la urgencia, permite ciertas excepciones a la regla, es decir las licitaciones, y permite en circunstancias extraordinarias métodos como la invitación a cuando menos tres proveedores y la adjudicación directa, es decir casos donde el gobierno designa, sin concurso previo, a quién le va a adquirir algo que necesita.
Las leyes secundarias especifican cuáles son los eventos que justifican una compra sin licitación pública, y pueden ser muy variados, como el contratar a determinado artista o profesional en específico, o bien en situaciones de emergencia estando en riesgo la población o los servicios públicos, que impida tener el tiempo disponible para llevar a cabo un proceso de licitación normal.
En el proceso electoral que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, su partido, Morena, ofreció llevar al extremo de imponer sanciones administrativas y penales a los servidores públicos que incumplan o simulen los procesos de licitación pública, considerando incluso el reforzamiento para que estos procesos se lleven a cabo en línea para que puedan estar disponibles para todos.
La realidad dista mucho del discurso; recientemente en una investigación de Leonardo Núñez para Mexicanos contra la Corrupción, se reporta que el pasado mes de septiembre fue el de mayor porcentaje de asignaciones directas en lo que va del actual gobierno, llegando al 79.3% del total de los contratos. La situación se torna compleja ya que constitucionalmente la regla debe ser la licitación y una adjudicación directa la excepción, sin embargo este comportamiento ha sido sistemático desde el inicio de la actual administración.
En los últimos 5 años, la adjudicación directa pasó de representar en 2016 el 28.74% de los contratos al 44.13% en 2020, un incremento sustancia. Como anotación: la autoridad federal ha repetido reiteradamente que desde el mes de febrero previó e hizo cálculos para enfrentar la pandemia, por lo que no existiría ningún motivo para exceptuar la licitación. Adicionalmente en 2019, sin pandemia, se recurrió a la adjudicación directa para contratar el 40.94% de los recursos públicos destinados para adquisiciones.
Una de las justificaciones para estas acciones notoriamente contrarias a lo dispuesto constitucionalmente la encontramos en la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos de hace unos días, cuando aseguró que con las adjudicaciones directas están ahorrando dinero y que las empresas a las que adjudican son las idóneas para la prestación del servicio a contratar; en pocas palabras, estamos regresando a la discrecionalidad que desde las épocas romanas se trata de evitar al hacer de las compras públicas procesos abiertos con concursos reales, donde todos los que lo deseen puedan proponer ofertas para que el interés público obtenga los mejores beneficios de la manera más transparente.
En esta administración, en el portal electrónico del Gobierno de México puede leerse “En este sentido siguiendo el mandato constitucional y las mejores prácticas internacionales, la Secretaría de la Función Pública, considera fundamental que los entes públicos privilegien la utilización de licitaciones públicas en sus procedimientos de contratación, porque con independencia de que es el procedimiento instruido por la Carta Magna, dicho procedimiento es el que, como regla general, garantiza al Estado la obtención de las mejores condiciones de contratación…” https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/1-3-1-licitacion-publica
A pesar de ello, el crecimiento del monto adjudicado sin concurso, incluso de aspectos que son directamente contratados por la oficina de la presidencia, y cuya adjudicación no encuentra ninguna justificante para omitir el proceso de licitación pública, como ha sido el caso de la prestadora de servicios Yazmín Bolaños, cuya empresa -que supuestamente organiza eventos a López Obrador- no se puede encontrar por ningún lado, nos llevan a la conclusión que el combate a la corrupción, al menos en lo que toca a las contrataciones, es otro ejemplo más del discurso político sin sustento real.
