El Blue Commander es un barco color azul aqua, con la mitad pintada marrón oscuro tipo el del metal a punto de óxido. Ahora mismo yace dentro del área de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, Veracruz. El pasado 12 de septiembre la Secretaría Armada de México realizó un cateo dentro de este gran monstruo construido en 2004, de 171 metros de eslora por 27 metros en transversal. Según el comunicado oficial, se encontraron dos unidades de autotransporte abasteciendo al buque de hidrocarburo presuntamente ilícito. Las autoridades detuvieron a 21 tripulantes de embarcación y el buque fue asegurado.
El comunicado con lo sucedido fue enviado a los medios de comunicación y algunos lo replicaron como un logro de la Secretaría de Marina. “Aseguran buque Blue Commander por huachicoleo”, reportó la prensa.
El Blue Commander había llegado en realidad a Coatzacoalcos antes de la medianoche del martes 1 de agosto, según el sitio de monitoreo de barcos marine Traffic.
Sin embargo una semana después del cateo y detención los tripulantes posaron sonrientes en una fotografía en la vía pública festejando su liberación. Los 21 aparecen aglutinados, 11 de ellos con cubrebocas, levantando las manos y algunos posando con el uniforme naranja. Contrario a la nota del arresto, de esta liberación no se informó en los medios de comunicación.
Como tampoco es del dominio público que la mayoría de los detenidos por robo de hidrocarburo o “huachicol” en México finalmente son liberados antes de ser procesados, o no terminan con sentencias condenatorias.
Datos obtenidos vía transparencia por esta periodista señalan que a pesar del ruido mediático y de comunicación sobre el combate al “huachicoleo” desde que empezó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en realidad los procesados y sentenciados son una cantidad mínima.
Según el Poder Judicial de la Federación, de más de 500 denuncias relacionadas a delitos por robo de hidrocarburo en 2019 y 2020, sólo se han resuelto dos casos, una de ella con sentencia condenatoria y otra con sobreseimiento, ambas el año pasado; mientras que 44 acusados por el delito de robo de hidrocarburo están esperando sentencia.
Está claro que esta parte de la responsabilidad no recae en el Ejecutivo, pero muestra cómo un sistema parece estar diseñado para fallar más que para dar resultados.
Auditorías internas revelan que en 2019 la empresa tuvo una “falta de coordinación entre la Dirección Jurídica y la Subdirección de Salvaguarda Estratégica para la presentación de denuncias” sobre tomas clandestinas. Es decir, no ha sido efectiva la persecución del delito desde el aparato gubernamental.
En los números, la cantidad de tomas clandestinas, por ejemplo, ha ido en aumento en los últimos meses contrario a la momentánea disminución que hubo a principios de 2019 cuando la lucha contra este delito fue bandera mediática en el discurso presidencial.
Según datos públicos solicitados a la paraestatal, en 2018 se registraron 14 mil 900 tomas clandestinas y en 2019 fueron 13 mil 137.
Registros del Informe Nacional de Seguridad sobre robo de hidrocarburos, en septiembre de este año se extrajeron ilegalmente 6 mil barriles diarios, el doble que en junio, por ejemplo cuando eran 3 mil. Es decir, el delito sigue creciendo después de un aparente momento de lucha frontal desde el gobierno.
Respuestas a solicitudes de información a Petróleos Mexicanos también señalan que de 2013 a 2019 se han gastado 5 mil 723 millones de pesos en vigilancia para evitar el hurto. Pero evidentemente esa “inversión” no ha resultado con un retorno favorable.
El riesgo que muestra esta realidad es que una vez más el combate a un delito sólo se utilice como bandera de discurso político durante un tiempo, lapso en el que cobra efecto positivo sobre la garantía del Estado de Derecho, pero después la inercia de la realidad termina venciendo a la fuerza de la lucha por el bien.
Es como si la apuesta por la memoria fuera tan corta, que no importa si cualquier campaña mediática cubre un objetivo toral, pero con la capacidad de desvanecerse ante la próxima misión del siguiente discurso oficial.
“Somos seres inconstantes y estúpidos con mala memoria y un don para la autodestrucción”, escribió la escritora estadounidense Suzanne Collins en el libro Sinsajo.
Yo no digo que los tripulantes del Blue Commander deban estar procesados ahora mismo porque sean culpables, lo que sí sostengo es que debe haber un “basta” a la exposición de supuesta eficacia gubernamental desde los distintos poderes cuando probablemente solo apuestan a la mala memoria y a la autodestrucción.
