Las amenazas contra Azucena Uresti, Notivox y otros medios de comunicación, como Televisa y El Universal, así como los desafueros de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, ocurren en una coyuntura en la cual destacar valores éticos de carácter profesional y los relacionados con el ejercicio del poder legislativo es indispensable para la acción y el debate de lo público.
Se trate de deontología periodística o legislativa, necesitamos volver a lo básico: es en relación con la probabilidad de enriquecer a la comunidad, con información y con la ley, con datos y con actitudes alineadas con valores profesionales, como juntas y juntos avanzaremos.
Fue obvio también que hubo medios que guardaron silencio, como legisladores que se abstuvieron de votar a favor del desafuero de los ahora prófugos, pero también que existe mayoritariamente solidaridad y cohesión en torno a la defensa de valores cívicos que en estos casos son profesionales y políticos.
La libertad de expresión y el quehacer ético en la política son valores irrenunciables e intrínsecos para quienes desempeñan esas actividades en cualquier democracia. Necesitamos y nos beneficiamos de prensa profesional y crítica, como de legisladores responsables dispuestos a rendir cuentas de sus actos.
El Estado de Derecho cuenta con instituciones sólidas capaces de imponer la ley por encima de cualquier transgresor y actuar en consecuencia cuando esta es vulnerada, como debe mostrarse siempre ante amenazas a la libertad de expresión y legalidad.
México es un país de libertades en todos los sentidos y ningún organismo criminal puede ser tolerado cuando las amenaza. El trabajo de la prensa es fundamental en este escenario. Procurar un ambiente sano y seguro para el desarrollo de la profesión es deber institucional y derecho de periodistas.
Las agresiones expresadas en video y atribuidas al CJNG comprenden todo aquello que el Estado de Derecho debe censurar, y así lo hicieron autoridades y organismos civiles, que han expresado solidaridad a los señalados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, instruyeron de inmediato la protección necesaria para la periodista. La Cámara de Diputados llamó a defender la libertad de expresión e información. Eso es una buena noticia.
México no es un territorio comanche, valga la alusión a la novela testimonial de Arturo Pérez-Reverte sobre lo que significa ser reportero de guerra. Legalidad y seguridad están por encima de cualquier pretensión de imponer el silencio o socavar el Estado de Derecho.
En esa lógica se inserta el desafuero de los diputados Toledo y Huerta, el primero acusado de enriquecimiento ilícito y, el segundo, de abuso sexual y violación de menores de edad.
El fuero que brinda, en estos casos, la actividad legislativa no es patente de permisividad o impunidad ante acciones constitutivas de delito. Y así se inaugura también otra etapa.
Salvador Guerrero Chiprés*
*Consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México
