Si la actividad y la determinación de intervenir en la construcción de la comunidad distinguen al ciudadano, a las universidades las destaca su capacidad de proponer y participar, al mismo tiempo que generan conocimiento, en la solución de problemas.
Con motivo del seguimiento que el Gobierno de Ciudad de México da tanto a la investigación del secuestro que terminó con la vida de Norberto Ronquillo, como con el propósito de establecer un espacio de diálogo y de búsqueda de soluciones respecto a la inseguridad, una veintena de rectores y autoridades administrativas de universidades privadas se reunió esta semana con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
El encuentro realizado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento el pasado martes mostró una parte de la oportunidad para la capital que surge de una tragedia familiar y social que diezmó la percepción de seguridad en los años 90, en el primer lustro de este siglo y en los años de 2010 a 2014, cuando el devastador drama del secuestro arrinconó a las autoridades —después de hacerlo con segmentos sociales muy diversos— ante la potencia de la depredación criminal y la posterior impunidad.
La reunión es tan relevante como ilustrativa de la actitud que determina el enfoque con el cual esta administración ha decidido enfrentar el tema que más nos preocupa a todos: diálogo y coordinación respecto a la seguridad.
Es momento para que la autoridad y los actores políticos definan con claridad, y de cara a la ciudadanía, una narrativa común, con indicadores y valoraciones pertinentes asociadas para saber a partir de qué debemos juzgar el éxito o fracaso de una estrategia de seguridad que, desde mi punto de vista, se ha robustecido con cambios recientes y posteriores a la tragedia de Norberto, y que fue abordada, muy abiertamente, por las universidades privadas y la jefa de Gobierno en el encuentro referido.
No es aceptable, en adelante, únicamente un vocabulario de “datos duros” o uno que solo exprese la frecuentemente esquemática lógica de los actores partidarios opuestos al gobierno en turno, y que enfatizan aquello que no se ha logrado, la suavidad o la dureza de las decisiones.
Corresponde a las oposiciones lo obvio, ser de oposición, pero a algunas les ennoblecería distinguir las propuestas correctas que incluso están en sus propios programas de campaña.
La disputa democrática no siempre es claramente útil para resolver problemas de seguridad, aunque sí sea indispensable para darle sentido al problema y ubicar el rumbo de las soluciones propuestas.
La ciudadana es particularmente poderosa, sean universitarios, comerciante, empresarios, activistas, todas y todos, siempre que su voz resuene con causas y con datos.
Al ciudadano que no participa de la disputa por el poder pero que ha sido o puede ser víctima de diversos incidentes delictivos, le importa que tenga éxito la estrategia de seguridad, que los presuntos responsables de cada crimen sean apropiadamente procesados y sentenciados y que se recuperen condiciones de convivencia pacíficas, así como las oportunidades de progreso relacionadas con inversión que pudieron haber sido inhibidas por el abandono en el pasado de las capacidades para garantizar seguridad.
Los jóvenes han sido y son las principales víctimas y victimarios de las violencias de los últimos 18 años.
Con una inteligente y decidida intervención de la autoridad y la voluntad de las universidades públicas y privadas podría acompañarse la estrategia para reducir ese fenómeno, tal como ha ocurrido en naciones con cambios de régimen exitosos y duraderos.
Además del proceso de reconstrucción de las instituciones policiales y de procuración de justicia, actualmente presenciamos la reformulación de liderazgos, reorganización de alianzas y esquemas colaborativos que pueden impactar en el conjunto de la política pública. Nos toca como ciudadanos participar, respaldar y, por supuesto, exigir resultados.
* Salvador Guerrero Chiprés es Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México
