stóricamente, Colombia es una nación convulsa que se ha visto envuelta en diferentes expresiones de violencia, desde la generada por los grupos del narcotráfico o las organizaciones guerrilleras, hasta las desatadas por el mismo gobierno al tomar el camino fácil de reprimir manifestaciones.
En las décadas de 1980 y 1990, los colombianos padecieron la violencia desatada por el cártel de Medellín y su líder Pablo Escobar, que instauraron un escenario de narcoterrorismo que dejó miles de muertos, incluido el candidato presidencial Luis Carlos Galán.
Sufrieron también el terrorismo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), hasta que hace cinco años lograron los acuerdos que ahora las tienen constituidas como partido político.
De violencia, los colombianos tienen una larga historia, que además va emparejada con la intervención encubierta de agencias estadunidenses para colaborar, desde las sombras, en la extinción de cárteles y guerrilla, es decir, de una manera controversial, su presencia, extranjera, es parte de la seguridad nacional.
Décadas de enfrentamientos han marcado a los gobiernos de Colombia. No es de extrañar que ahora, ante manifestaciones sociales, algunas autoridades retomen el camino de la represión policial.
Un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos policiales ha dejado muertos, desaparecidos y cientos de heridos, y lo más grave es que en vez de que baje la tensión, parece empeorar. Ha habido falta de sensibilidad política e incapacidad estratégica en materia de seguridad. Colombia parece un contraejemplo de seguridad cuando ésta es expresada como represión.
Este coctel pone de nueva cuenta a la nación sudamericana en el ojo del huracán.
Hace unas semanas la propuesta del gobierno de Iván Duque de una Ley de Solidaridad Sostenible, que bajo el argumento de apaciguar la crisis económica desatada por la pandemia de covid-19 creaba nuevos impuestos, desencadenó movilizaciones ciudadanas.
Antes que el diálogo y la legalidad, las protestas enfrentaron la represión, fueron disueltas por la Policía Nacional con evidente abuso de la fuerza que ha generado la condena de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).
A la violencia policial colombiana se suman el desempleo y la crisis sanitaria por el covid-19, que a la fecha tiene casi 3 millones de contagiados y más de 76 mil muertos.
El gobierno de Duque ha buscado justificar la respuesta de la fuerza pública bajo el argumento fácil de actos de “terrorismo de baja intensidad” o “vandalismo”.
La indignación en Colombia ante la violencia policial va en escalada. El gobierno de Cali decretó el toque de queda y acciones de tránsito restringido en actividades como el ingreso a supermercados, bancos, establecimientos comerciales u oficinas.
Hace unos días, más de 15 mil usuarios de redes sociales ingresaron a la transmisión en vivo de una rueda de prensa que ofrecía el presidente de la Asamblea General de la ONU, Volkan Bozkır, y en el chat colocaron el mensaje “S.O.S Colombia”.
Lo que comenzó como una negativa a una reforma tributaria es ahora una manifestación contra el abuso y la represión policial con alcances mundiales, en un gobierno que tiene la violencia como eje histórico. _
*Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de CdMx.
Salvador Guerrero Chiprés
Twitter: @guerrerochipres
