Desapercibida, por no decir ignorada por los sujetos obligados, salvo por aquellos que resultan mejor evaluados, es la Métrica de Gobierno Abierto que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha realizado a través del CIDE desde 2017, y en su pasada edición de 2023, hecha por el Colegio de México.
A diferencia de otras evaluaciones, esta es nacional, abarca a un gran número de sujetos obligados, 2,043 en su más reciente edición de los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos, pero, sobre todo, permite una observación más integral que supera el simple cumplimiento de la ley de transparencia.
La Métrica de Gobierno Abierto se basa en dos dimensiones: transparencia y participación, con dos perspectivas (gubernamental y ciudadana), y cada dimensión, con indicadores que miden el desempeño específico de los sujetos obligados.
Los resultados en la edición 2023 evidencian un deterioro de la “apertura gubernamental”, una caída de 6 por ciento en cada edición; pero las “rutinas y procedimientos de acceso a la información y transparencia activa”, en lo general, en 2023, con relación a 2021:“las institucioneshan mejorado su puntaje en 2.5% en cuanto al acceso a la información desde la ópticagubernamental, 4.7 por ciento en el acceso a la información desde la perspectiva ciudadana y en6.3 por ciento en cuanto a la transparencia activa”, revela el informe; sin embargo, cayó “el indicador de transparenciaproactiva de 0.38 en 2021 a 0.27 en 2023”.
Otros resultados de la Métrica de Gobierno Abierto indican la mayoría de las instituciones no cumplen con hacer pública la información en datos abiertos, aún cuando la Plataforma Nacional de Transparencia “se consolida como un mecanismo para el acceso a la información”, aún con sus “oportunidades de mejora”.
El “eslabón más débil” identificado es la “participación ciudadana”. Muchos gobiernos, se precisa, “confunden participaciónciudadana con atención ciudadana”, y si tienen algún medio para la participación ciudadana, “no funcionan”, e incluso, “solo 14.7 por ciento de los sujetos obligados que registran mecanismosreales de participación reportan seguimiento a las deliberaciones y decisiones tomadasen esos espacios”.
El señalamiento, en este punto de participación ciudadana en los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto es demoledor: “Existe una enorme cantidadde obstáculos que una persona que intenta participar en sus gobiernos enfrenta a lahora de querer incidir en las decisiones, empezando por el desconocimiento institucionalsobre cómo lidiar con una persona que busca participar”.
¿Y Jalisco?
El resultado global de los 61 sujetos obligados de Jalisco muestra una caída, por no decir retroceso en la Métrica de Gobierno Abierto 2023 con relación a 2021. En dos años la calificación de Gobierno Abierto pasó de 0.478 (donde 1 es la máxima) a 0.451, una caída de 0.026; en tanto, en la dimensión de participación ciudadana se pasó de 0.348 en 2021 a 0.305, es decir, una caída de 0.044; por otra parte, en la dimensión de transparencia se pasó de 0.607 a 0.598, es decir, una caída de 0.009.
Un poco más a detalle. En 2021 los sujetos obligados fueron 40, y en 2023 61, entre sujetos obligados de los tres poderes, ayuntamientos, órganos autónomos, fideicomisos, partidos políticos, sindicatos e instituciones de educación superior públicas.
Los 40 sujetos obligados en 2023 que lo fueron además en 2021, todos, cayeron en el índice de Gobierno Abierto. En la dimensión de participación ciudadana el Ayuntamiento de Jilotlán de los Dolores (gobernado por un Concejo Municipal) y la Fiscalía General se mantuvieron sin cambios; Sólo 18 sujetos obligados, de 40 comparables, mostraron avance. Quienes más en este rubro, la Auditoría Superior del Estado y el Congreso del Estado (Poder Legislativo), la Secretaría General de Gobierno, la Contraloría y la Secretaría de Hacienda (Poder Ejecutivo), y el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos.
En tanto, en la dimensión de transparencia, ningún sujeto obligado de Jalisco mostró avance, todos retrocedieron. ¿Quiénes más?: el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, los ayuntamientos de Tuxcacuesco, Jilotlán de los Doleres, Zapotitlán de Vadillo y Arandas, entre otros, y el Programas de Tecnologías Educativas y de la Información (fideicomiso del Ejecutivo).
Si observamos a los sujetos obligados que se incluyeron en la edición 2023 de la Métrica del Gobierno Abierto, los ayuntamientos de Ixtlahuacán de los Membrillos y Tala, así como la Universidad de Guadalajara, figuran en los diez primeros lugares de los 61 evaluados, por encima de 35 sujetos obligados evaluados en 2021.
La Métrica de Gobierno Abierto es un instrumento que hay que aprovechar. No centrarse con los números globales, menos aún en la posición o ranqueo que resultaría del puntaje (no hay que autoengañarse). Eso es engañoso. Hay que escarbar las tripas y observar cada uno de los componentes con sus variables. Eso permitirá identificar dónde están las fallas, dónde no carbura el motor de la transparencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI), con los sujetos obligados, evaluados o no, con el apoyo ciudadano, pueden diseñar y construir una ruta de gobierno abierto, es decir, de transparencia y participación ciudadana. Sí, una ruta, no un discurso.
