El viento sopla a favor, las condiciones favorecen, por ahora. La autoproclamada e incrustada en la narrativa social y política “cuarta transformación” está para engendrarse, ahora sí, a partir de septiembre próximo cuando se apertura la LXVI Legislatura federal con mayoría para impulsar y sacar las 18 reformas constitucionales y dos a leyes secundarias que el Ejecutivo federal presentó ante la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero.
Pero no sólo las condiciones prefiguradas con los resultados electorales federales del pasado 2 de junio favorecen a la “cuarta transformación”; la llamada oposición está aún impactada buscando una explicación a la avasalladora “marea guinda” en lo federal y lo local en todo el país. El tsunami no lo vieron venir, y entre la búsqueda de respuestas al cómo y por qué, hurgan entre las aguas alguna tabla que les permita “recuperar” posiciones en el Congreso de la Unión ante tribunales electorales. Aún no se despiertan de la pesadilla y el “tren guinda” reactivó sus motores con más energía, aprovechando lo desorientada y desarticulada en que está la oposición.
La “cuarta transformación” comenzará con el Poder Judicial en el mes de septiembre, último de la actual Administración federal. ¿Y por qué sacar primero la reforma al Poder Judicial en México? Es sencillo y estratégico: en nuestro sistema republicano, el Poder judicial ha sido el único que ha operado como contrapeso del poder público, y en la lógica del impulso reformador que acelera su paso, es necesario tenerlo de su lado para que no impida el resto de las reformas. El poder total en el unipersonal que es el Ejecutivo.
Si en algo comparto con la lectura de la “cuarta transformación” es en que poderes fácticos, en particular económicos, se han apropiado en la práctica y hechos de la conducción de lo público. ¿Pero es por el modelo político e institucional construido en los pasados 40 años que implicó la construcción de un andamiaje que descentralizó las funciones del Estado?, o, ¿en todo este tiempo nos obnubilamos con la “maquinaria” y nos olvidamos de su mantenimiento y acciones correctivas? ¿Nos centramos en resultados e hicimos a un lado la rendición de cuentas para emprender acciones correctivas?
Las propuestas del Ejecutivo federal saliente y que retoma la Ejecutiva federal virtualmente electa entrante son de gran calado, implican un giro radical, ¿hacia atrás o hacia adelante?, ¿evolución o involución? Cambios que ameritan no una aclamación popular, sino diagnósticos y análisis integrales, con visión histórica, con mirada de futuro, que vislumbre escenarios, incluso de efectos-consecuencias no queridas. El remedio puede ser peor que la enfermedad.
Las iniciativas de reforma constitucional del Ejecutivo presentadas ante la Cámara de Diputados (de origen), y que luego pasarían a la de Senadores (revisoras), y luego a los Congresos locales (donde además la “cuarta transformación” tienen mayorías, haciendo este un mero trámite), se pueden consultar en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados en los anexos del 5 de febrero de 2024 (Iniciativas del Ejecutivo federal (Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6457, lunes 5 de febrero de 2024. Ver: https://bit.ly/4ba6gNc).
El Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM ha puesto a disposición pública un “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República” realizado por especialistas en los campos involucrados bajo la coordinación de Sergio López Ayllón, José de Jesús Orozco Henríquez, Pedro Salazar Ugarte y Diego Valadés (ver y descargar en: https://bit.ly/3VJ6K8I).
El análisis contextualiza las iniciativas, ofrece antecedentes, identifica vacíos, omisiones, rescata elementos atendibles, pero sobre todo destaca las implicaciones. Es un análisis integral y particular de cada propuesta, permite identificar el hilo conductor de las mismas, ofrece elementos para la discusión abierta, pública, tan necesarias e imprescindibles en una sociedad democrática.
El hilo conductor del paquete de reformas apunta a un centralismo de Estado y presidencial, des-construyendo las instituciones de Estado diseñadas a partir del decenio de los 90, luego de la crisis de política y pérdida de legitimación del poder público con las elecciones de 1988, y el cambio de modelo económico y político gestado en los 90 en al ámbito internacional del cual México forma parte, interactúa y se interrelaciona.
Mención aparte es el informe “Una amenaza a la independencia judicial. Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México”, producto del Diálogo Interamericano, del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, y de la Barra Mexicana de Abogados, realizado desde febrero pasado y redactado por Adriana García, asesora experta del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho en la Facultad de Derecho de Stanford, y Daniel Caballero, asociado del Programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano (ver: https://bit.ly/4clMO13).
Si bien este informe, por su título, enfatiza la reforma al Poder Judicial, realiza un análisis contextual de tres sistemas e instituciones nodales: el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el Poder Judicial, en el cual centra su atención en cuatro elementos: la elección popular de ministras, ministros, magistradas, magistrados, de jueces y juezas; la reducción de los periodos de su mandato, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial (desapareciendo el Consejo de la Judicatura) y la vinculación de los salarios del Poder Judicial al salario del Poder Ejecutivo. Ofrece, además de conclusiones, la experiencia comparada sobre la elección de juezas y jueces en Estados Unidos y Bolivia.
Las reformas propuestas, es necesario enfatizar, se realizan desde el poder central y Ejecutivo. No son el producto, como el diseño y construcción de las instituciones que ahora se ponen sobre la mira, de un impulso de afuera del poder hacia dentro, de abajo hacia arriba; no es la construcción o reconstrucción horizontal del los espacios, instrumentos y medos para el ejercicio del poder y su contrapeso. Y como apunta la ruta marcada para su concretización, no escucharán, sólo oirán, por lo que ni diálogo ni debate democrático; no contarán los estados de la República federal, serán utilizados como legitimadores de una decisión central para centralizar más.
Pareciera que estamos ante un veneno endulzado, hecho apetecible con narrativas atractivas, cargadas de ilusión, de esperanza (sí existente): austeridad y acabar con la impunidad y corrupción.
¿Vox populi, voy Dei? Tengo mis reservas si la democracia se sustenta y desarrolla sólo en la aclamación popular o en un proceso electivo. Quien tiene el micrófono, por más que lo pase a las audiencias, tiene la última palabra; y quien puede incitar, provocar, alentar al “pueblo”, puede recibir de él lo que le pida y pregunte (en toda pregunta está la respuesta).
El registro más antiguo de la manipulación en un proceso electivo popular está en el juicio de Jesús ante Pilatos. Dos evangelistas, Mateo y Marcos, recogieron de la tradición años después de la muerte de Jesús un elemento coincidente: convencieron e incitaron a la multitud para gritar: Barrabás. “Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús” (Mt. 27, 20) y “pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás” (Mc. 15, 11).
