Directo y contundente fue el Informe Anual de Artículo 19 sobre la libertad de expresión en México y el acceso a la información: “La democracia se tambalea cuando la verdad es una moneda de cambio en el juego del poder. En México, el derecho a la información ha sido acorralado, silenciado, convertido en un botín que se entrega o se niega según convenga a quienes gobiernan”.
El informe de esta “organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas”, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la democracia, fue difundido en abril pasado y lleva por título “Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información en México” (disponible en: https://articulo19.org/barrerasinformativas).
Cinco son las “barreras informativas” que Artículo 19 expone, desarrolla y fundamenta sobre lo que sucede en México: “El apagón de la transparencia”, “El Estado digital y la vigilancia”, “La persistente violencia contra la prensa”, “La transición al olvido” y “La incertidumbre institucional”.
Cada una de las barreras, estimo, requiere un abordaje local, y en nuestro caso, desde Jalisco. Las modificaciones legales e institucionales abren caminos y escenarios de alta preocupación, pues limitan, ahogan el ejercicio libre y progresivo de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de difusión, de acceso a la información, de la privacidad e intimidad, con efectos que concatenan la limitación e incluso anulación de otros derechos; se abren rutas de control central, así como el uso interesado desde quienes detenten el poder público, el cual siempre hay que observar, fiscalizar, acotar, contrarrestar.
El ejercicio del poder público, independientemente de quién lo detente, no debe ni puede estar sujeto a la voluntad o intenciones personales. Eso de que “nosotros no lo haremos”, como vigilar, espiar, negar información, etcétera, conlleva inseminado “se hará”. La historia del ejercicio del poder público, de cualquier rostro y color, es evidencia, aunque “no sean iguales”.
Me centro en una “barrera” impuesta desde el centro a las entidades federativas a partir de una mal llamada “simplificación administrativa” que por supuestos ahorros presupuestales su caldo será más caro que las albóndigas: la desaparición del órgano garante nacional (INAI) y 32 locales (ITEI en Jalisco) para garantizar el acceso a la información y protección de datos personales.
Fragmentaron y dispersaron la garantía de esos derechos fundamentales, con un modelo que, si bien pone la carga de su garantía en los sujetos obligados, es un modelo que entorpecerá su ejercicio libre a quien desee o quiera ejercerlos. Ya no es una la autoridad garante local; serán varias.
Y en el fondo, lo que anula el ejercicio de estos derechos es la exclusión de los sujetos de dichos derechos: las y los ciudadanos. Jalisco puede, si no evitarlo del todo, desarrollar un modelo donde las y los ciudadanos sean el dínamo del derecho de acceso a la información y protección de datos personales.
