Primero, Nueva Zelanda en 2003 descriminalizó a las y los sexoservidores con la ley de Reforma de la Prostitución (PRA), con ello se legalizó que cualquier persona, mayor de 18 años de ese país, pudiera vender servicios sexuales, y protegió a quienes administraran un burdel. Con estas acciones se buscó garantizar los derechos de las trabajadoras a través de la legislación laboral y de derechos humanos.
En Bélgica ya se había despenalizado la prostitución hace dos años, pero fue el pasado 1 de diciembre que se dio a las y los trabajadores sexuales los derechos laborales, por lo que ya pueden tener un contrato, protección de riesgos de trabajo, derecho a vacaciones, jubilación, al paro o a la baja por enfermedad y a la licencia por embarazo.
Aunque esta ley no aplica a quienes trabajan de forma independiente, venden sexo en línea o trabajan en películas pornográficas.
Esta ley en Bélgica ha divido las opiniones, por un lado hay quien dice que esto es legalizar la trata de personas y por otro están los que dicen que es una acción para regular esta industria.
Lo que es innegable es que empresarios del sexo deben comprobar que no tienen antecedentes por agresión sexual o trata y su negocio debe cumplir protocolos de seguridad, es decir disponer de preservativos, ropa y camas limpias, productos de limpieza y sobre todo contar con los botones de emergencia en los espacios del trabajo. Con esta ley también se establecerán reglas sobre los horarios y salarios de los trabajadores, lo que intenta erradicar jornadas largas.
Estas medidas están a años luz de lo que se practica en México y en Puebla, donde las sexoservidoras no tienen espacios de trabajo establecidos, ya que usan hoteles y moteles públicos. Si alguien es agredido no cuenta con un botón de alerta.
Recuerdo que María de Lourdes Hernández, Lulú, líder de la Unificación de Sexoservidoras en el Centro Histórico de Puebla, en su momento pidió una zona de tolerancia y señaló diversas violaciones a los derechos de las trabajadoras sexuales. Después fue señalada por cobrar derecho de piso, fue apresada y murió en el penal de San Miguel. Esto evidencia que no hay, ni ha existido regulación de este trabajo en la ciudad de Puebla, mismo que seguirá existiendo.
