Los delitos perpetrados por los cinco ex presidentes —en los momentos mismos en que al pueblo soberano, trasmutado oportunamente en supremo acusador, le pretenden otorgar la facultad de decidir si son sometidos a un proceso judicial justamente por ello, por haber infringido leyes, reglamentos, normas o disposiciones— no parecen estar claramente configurados: de uno dicen que tiene mucho dinero; del otro que se benefició del fraude electoral que le robó la Presidencia de la República al actual inquilino de Palacio Nacional y que emprendió una cruenta batalla para combatir a las grandes organizaciones criminales; de un tercero denuncian que privatizó entes públicos y de un cuarto que implementó un muy dudoso rescate del sistema bancario para beneficio de los saqueadores de siempre; el último, finalmente, sería culpable de haber comprado las voluntades de varios congresistas para llevar a cabo reformas estructurales en este país y de consentir escandalosos actos de corrupción. Todos, encima, fueron valedores del satanizado y maligno neoliberalismo.
Tan sencillo, sin embargo, como acudir a una agencia del Ministerio Público para interponer la correspondiente denuncia de hechos y sanseacabó. Se disponen a partir de ahí las diferentes actuaciones para hacer constar los delitos, se aportan pruebas, se analizan las circunstancias, se califican las contravenciones y, una vez concluidos todos los requerimientos del sumario, se celebra el juicio criminal, se determina la culpabilidad y se dicta el castigo a los delincuentes. Así opera la justicia, señoras y señores, y no se necesita en lo absoluto preguntarles a los ciudadanos si procede o no actuar en contra de quienes hayan cometido cualesquiera de los quebrantamientos que figuran como delitos punibles en nuestros códigos penales: la ley se aplica por principio y sin reservas en un estado de derecho, no es tema de que la gente decida cuándo sí y cuándo no.
Consultarle “al pueblo” —anticipadamente, por si fuera poco, sin haber siquiera determinado los cargos que se les imputan— si cinco dignatarios (o quien fuere, de hecho, porque estamos hablando de normas aplicables a cualquier ciudadano) deben ser procesados es, en este sentido, una morrocotuda aberración jurídica. Pues eso.
