El gran dilema: legalizar todas las drogas o seguir pagando el precio —en sangre, muerte y dolor— de combatir a las organizaciones que trafican con la sustancias prohibidas. El costo, para México, ha sido altísimo y no ha servido de gran cosa: no ha disminuido el uso en los Estados Unidos —el mercado al que exportamos la mayoría de las drogas y que, dicho sea de paso, es el mayor consumidor del mundo— ni tampoco ha bajado la producción aquí. Este fracaso estrepitoso, sin embargo, tampoco ha cambiado la postura de unos Gobiernos que, movidos por un fuerte prejuicio moral, condenan el uso personal de la heroína, la cocaína y la mariguana mientras que admiten alegremente el consumo del alcohol y los cigarrillos (y se llenan los bolsillos con los impuestos que recaudan).
¿Qué tan malos son los opiáceos? Pues, las drogas en general —incluyendo ese tabaco que no tiene casi efectos psicotrópicos, es decir, que no afecta demasiado al sistema nervioso central y no modifica la percepción del mundo real ni los estados de conciencia— son innegablemente dañinas: provocan daños al cerebro, al hígado, al sistema circulatorio, a los pulmones y a muchos otros órganos, por no hablar de que llevan a conductas violentas y de que causan terribles accidentes de tráfico. Veamos algunos números redondos: en México hay unos 4 mil decesos al año derivados del consumo de sustancias ilegales; pero, al mismo tiempo, casi 70 mil personas mueren por fumar y el alcoholismo es ya la cuarta causa de defunciones en los jóvenes. O sea, que si fuere meramente por las cantidades de personas afectadas, las políticas publicas deberían de dirigirse mucho más a combatir el tabaco que a perseguir el consumo de mariguana.
Pero, las prioridades no van por ahí y, en este sentido, resulta escandalosa la sesgada postura del Gobierno de Estados Unidos: los funcionarios de Washington no logran disminuir el consumo de drogas de su población (cualquier operador de fondos del Wall Street se puede procurar fácilmente la cocaína para amenizar la reunión de fin de semana en su loft) pero han logrado que los encargados mexicanos de la seguridad interior se tomen el tema tan en serio como para que este país, en tiempos de paz, haya tenido un escalofriante número de víctimas mortales: gente que no ha fallecido por meterse heroína en las venas sino que ha caído en las refriegas protagonizadas por las fuerzas del Estado y las bandas criminales, por no hablar de una desestabilización de las organizaciones del narcotráfico que ha llevado a sangrientas luchas internas.
La solución a todo esto parecería estar ahí, a la vuelta de la esquina: legalizas lo prohibido y todo se arregla de un plumazo. Pero es difícil imaginar un mundo en el que las anfetaminas o los opiáceos pudieran comprarse libremente en los comercios. Y, en segundo lugar, la idea de que todos los individuos que se dedican al tráfico de estupefacientes van a renunciar de manera automática a cualquier actividad criminal es totalmente ilusoria: su especialidad es precisamente ésa, la delincuencia y, como ya he dicho en otras ocasiones, es muy improbable que se dediquen a vender Biblias de puerta en puerta luego de constatar que el negocio de decapitar a los sicarios del cártel rival ha dejado de ser rentable. De hecho, la incursión de las organizaciones del narcotráfico en ramos como el secuestro, la extorsión de empresarios, agricultores y comerciantes, la venta de minerales robados o la comercialización de mercancía de contrabando resulta, en parte, de las crecientes dificultades que tienen para proseguir con su negocio tradicional. De manera paralela a la tan deseable legalización, ¿se ha pensado en crear alguna agencia nacional para recolocar a todos esos nuevos desempleados?
Para responder parcialmente a la constatación de que los asesinos a sueldo del narcotráfico no van a desaparecer por arte de magia, se dice que el consecuente debilitamiento financiero de las organizaciones criminales las haría más vulnerables a la acción de la justicia. Es cierto, pero esto no significa que los antiguos sicarios se van a rehabilitar. Al contrario, se van a volver contra nosotros, los indefensos y amenazados ciudadanos de México, quienes ya tenemos más que suficiente con la cuota vigente de inseguridad. Los partidarios de la legalización no han abordado esta cuestión de manera convincente.
En fin, es un problema que, por una u otra razón, no se va a solucionar en el corto plazo. Dentro de diez años, estaremos hablando de 200 mil muertos acumulados en la absurda batalla. Una cifra, al parecer, que es parte ya del paisaje habitual.
