La violencia es consustancial a esta sociedad. "La violencia muestra una presencia casi ubicua en la vida social actual asumiendo diversas y múltiples expresiones, la mayoría con muy graves consecuencias, al punto que entidades multinacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la han declarado como el principal problema de salud pública. En los países capitalistas, la violencia estructural, sistémica, se acompaña de múltiples expresiones de violencia interpersonal; la política exterior de la mayor potencia capitalista se fundamenta en el uso sistemático de la violencia"; así lo plantea Mario A. Solano en su ensayo sobre Capitalismo y violencia. La violencia penetra en todos los poros de la sociedad.
De acuerdo con el Estatuto de Roma de 1998 y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994: "El asesinato de la persona víctima de desaparición forzada, frecuentemente tras un cautiverio con torturas en un paradero oculto, pretende favorecer deliberadamente la impunidad de los responsables, que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o colectivo social al que pertenece la persona. Los efectos de la desaparición forzada perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o allegados. Estos últimos, y especialmente, por su vulnerabilidad, los niños que puedan ser sustraídos de padres afectados, son considerados también víctimas de este crimen".
Los perpetradores del crimen de la desaparición forzada saben muy bien que están ocasionando un verdadero dolor, un sufrimiento profundo a los familiares de las víctimas desaparecidas. Los familiares también son víctimas de este crimen doloso. El trato de indolencia del Estado hacia los familiares y el no investigar nada del crimen contribuye directamente a que se produzcan nuevas desapariciones; renuncia de responsabilidades por parte del Ministerio Público, remisiones y falta de coordinación; se delegan tareas de investigación a familiares de las víctimas; corrupción entre agentes del Ministerio Público y pérdida de la confianza de las familias. Consecuentemente, existe un impacto terrible en familiares de personas desaparecidas: el derecho a la verdad y la angustia indefinida de no saber qué sucedió; impacto emocional y psicológico; impacto psicológico en los hijos; amenazas, hostigamiento y agresiones contra familiares de personas desaparecidas; el impacto económico; y las serias deficiencias en la asistencia prestada a las víctimas familiares. La cuestión –poco analizada en la mayoría de los informes e investigaciones al respecto– del impacto psicológico en los familiares de las víctimas desaparecidas debe valorarse significativamente; sin duda, los propios familiares también son víctimas de este crimen, y a veces los "daños colaterales" llegan a sufrirlos toda la vida. En su estudio sobre La desaparición forzada de personas en América Latina, Ana Lucrecia Molina Theissen afirma que la práctica de las desapariciones tiene efectos destructivos no sólo en la víctima directa, sino también en su familia y, aún más, en el conjunto de la sociedad, el que ha sido profundamente afectado. La angustia y desestructuración emocional es uno de los efectos perversos en la familia: "La desaparición de un ser querido también significa tortura psicológica para su familia. Esta crea, como efecto inmediato, una situación de angustia sostenida causante de profundas transformaciones en la vida y la psique de los afectados. Provocados por el terror, la ambigüedad y el dolor –surgidos debido a la certeza del sufrimiento del desaparecido– se presentan saturados de sentimientos de hostilidad por la impotencia ante la comisión del crimen. Al no ser muerte, la desaparición crea una zona de ambigüedad psicotizante, desestructuradora de la identidad de cada uno de los miembros y del grupo familiar en sí, al no poderse resolver objetivamente las contradicciones de presencia-ausencia y existencia-no existencia. El no saber el destino y estado del ser querido, provoca en los familiares fantasías angustiantes sobre las torturas que probablemente esté sufriendo, creadoras, a su vez, de temores sobre la propia integridad que son terreno adecuado para generar enfermedades y muerte; deseos de liberar al desaparecido e los tormentos; ilusiones de reencuentro expresadas en situaciones concretas en que parece verlo entre la gente. Es tan grave el estado de desestructuración emocional y confusión provocados que toda la energía se concentra en dilucidarlo. Los familiares de los desaparecidos son convertidos en seres incapaces de dar y recibir en términos de afectividad. Esta situación genera problemas de identidad y adaptación; de aprendizaje [no se reconoce la realidad, no se puede aprender]; depresiones nerviosas; ansiedad y dispersión; temores nocturnos y aislamiento familiar y social." En muchas ocasiones, las desapariciones forzadas forman de la guerra psicológica como parte de la utilización de métodos terroristas por el Estado con su guerra de baja intensidad, según Molina Theissen.
Los familiares sufren directamente la violación a sus derechos patrimoniales, económicos, sociales, morales, jurídicos, etcétera. Por ejemplo, muchas familias ya no pueden recibir atención médica en el IMSS. Se supone que el Estado debe adoptar, acorde a la Convención Internacional, "las disposiciones apropiadas en relación con la situación legal de los desaparecidos cuya suerte no ha sido esclarecida y de sus allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad". En México hay cerca de 30 asociaciones de familiares de desaparecidos. Amnistía Internacional ha hecho recomendaciones muy precisas, sobre la protección familiar, al gobierno mexicano en su iniciativa de Ley General de Víctimas. Ya veremos...
