Me queda claro que, de los tres poderes de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es, desde hace ya varios años, la institución que más ha establecido avances en los derechos y libertades de la ciudadanía mexicana. Mientras que el Ejecutivo actual se planta en la indefinición y la ambigüedad respecto a muchos derechos humanos, al mismo tiempo que el Legislativo (o buena parte del mismo) se convirtió en corifeo del poder presidencial, el Poder Judicial ha resistido, con todos sus defectos y limitaciones, la voluntad de englobar todo el poder en una sola instancia. No lo ha hecho por pelear contra este gobierno o los anteriores, sino por la creciente lucidez respecto a las libertades de las personas y el necesario avance de sus derechos.
Las determinaciones de la Suprema Corte no comenzaron con este gobierno. Tienen por lo menos una década, avanzando con sus fallos judiciales y siguiendo siempre el principio del respeto de los derechos establecidos en nuestra Constitución, incluidos los que establecen el acatamiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, suscritos por nuestro país.
Destaca en todos estos progresos libertarios la defensa de los derechos de las minorías, signo de un Estado de derecho constitucional, que no confunde la voluntad mayoritaria con la salvaguarda de las prerrogativas de quienes no necesariamente comparten, por su naturaleza o por su voluntad, las inclinaciones religiosas, sexuales, políticas o de cualquier otro tipo, de las mayorías. Y lo ha hecho, hay que remarcarlo, de manera impecable.
Hay por supuesto, en nuestra sociedad, quien no considera un avance que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, o que los homosexuales puedan casarse, o que alguien pueda consumir marihuana o que una menor violada pueda no querer procrear un hijo de su violador. Hay muchos en nuestro país que, como reza el dicho popular, “hasta lo que no comen les hace daño”.
Pero en términos generales, nuestra sociedad ha avanzado lo suficiente como para permitir el avance de los derechos de las personas, independientemente de su condición o preferencias. Siempre y cuando, por supuesto, no se afecten los derechos de terceros. De esa manera, la decisión de la SCJN de conceder un amparo a una persona que fue violada (siendo, además, marginada, menor de edad y con parálisis cerebral) y a la que se le negó el aborto por haber pasado más de 90 días del embarazo, es de un gran alcance en términos de derechos de las mujeres.
Establece un precedente importantísimo para la despenalización del aborto por violación y abre el camino para que las mujeres que ya fueron víctimas de una violación, lo vuelvan a ser por parte del Estado mexicano, al culpabilizarlas y encarcelarlas por negarse a llevar adelante un embarazo forzado.
De esa manera, como señala la SCJN, “la negativa de la autoridad sanitaria a practicar la interrupción del embarazo… implica un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes”. Enorme lección de protección de derechos humanos que nos acaba de dar el poder judicial.
Roberto Blancarte
