Uno se puede preguntar por qué, a pesar de que el presidente López Obrador se pronunció claramente, como pocas veces, contra una iniciativa legislativa, su propio partido, su propio coordinador en el Senado, la sigue manteniendo. Me refiero al proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de (prácticamente toda) la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, eliminando, de hecho, el principio de separación.
Dicha iniciativa fue presentada por la senadora zacatecana, María Soledad Luévano Cantú, quien ha sido señalada como parte del grupo de Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas. Por lo tanto, se ha asumido, no sé si con justa razón, que es él quien realmente está detrás de ella en este asunto. Sea como fuere, hay una realidad: dicha iniciativa contiene el mismo conjunto de demandas y constituye el mismo viejo proyecto que la jerarquía católica (o la mayoría de ésta) ha empujado desde hace ya varias décadas en México.
A partir de una idea de libertad religiosa se propone eliminar, de una vez por todas, el conjunto de medidas que el Estado mexicano ha establecido para regular la vida social y política de las agrupaciones religiosas. La última vez que se buscó imponer fue en diciembre de 2011, con motivo de la visita del papa Ratzinger a México que tuvo lugar en marzo de 2012. En esa ocasión, se desató un debate acalorado para reformar el artículo 24 de la Constitución.
La iniciativa original pretendía introducir, como ahora, la instrucción religiosa en la escuela pública. El rechazo generalizado provocó que, al final, se introdujeran las libertades de convicciones éticas, de conciencia y de religión, además de un candado adicional a la actividad política de las Iglesias y la reiteración de que los actos religiosos de culto público deben realizarse ordinariamente en los templos. Pero, además, todo este debate permitió que finalmente se descongelara (que así la tenía el PAN) la reforma para establecer en el artículo 40 de la Constitución la laicidad de la República. La gran paradoja, si puede llamársele así, es que ahora Morena es el vehículo para tratar nuevamente de introducir este proyecto reaccionario.
Por lo demás, la gran confusión respecto a esta iniciativa se origina en una concepción equivocada de la razón de ser y lógica del Estado laico. Así, se pretende establecer básicamente una ley de libertad religiosa en lugar de la actual de asociaciones religiosas y culto público, ignorando que el sentido del Estado laico no es únicamente proteger la libertad religiosa, sino también la de convicciones éticas y sobre todo la de conciencia. Y para ello se requiere que el Estado regule la actividad social y política de las agrupaciones religiosas y de sus ministros de culto, para lo cual se establece como central el principio de separación, no solo entre la religión y la política, entre el Estado y las Iglesias, sino también entre lo público y lo privado, es decir entre las convicciones personales de los servidores públicos y su función como tales. A pesar de estas razones, la retrógrada iniciativa sigue allí.
