Se dice fácil. Pero llevó alrededor de 15 años revertir aquella oleada conservadora, encabezada, aunque subrepticiamente, por el episcopado católico, y acompañada felizmente por algunos líderes evangélicos, muchos diputados locales del PAN y del PRI, e incluso uno que otro “de izquierda”. Como reacción a la inclusión al derecho a la interrupción legal del embarazo en el entonces Distrito Federal, más de 16 legislaturas locales, en acción concertada desde la Iglesia y acompañada por la voluntad de muchos gobernadores priistas y panistas, en pocos meses consumaron el atropello a ese derecho esencial que es el de decidir cuándo se gesta, bajo la ambigua consigna del indefinible “derecho a la vida”. El asunto fue trágico, porque en aquella época el PRI estaba dirigido por una notable política, supuestamente defensora de los derechos de las mujeres, pero que no quiso o no pudo hacer nada para detener esa coalición político-religiosa en su propio partido.
Mucho se ha escrito sobre la decisión por unanimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del pasado 7 de septiembre, al declarar inconstitucional la criminalización total del aborto. La sentencia, definitiva, al declarar la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establecía una pena de prisión “a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella”, estableció que ello vulneraba “el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir”. De paso, la Corte extendió su decisión al artículo 198, en una porción que impedía que la mujer fuera asistida por personal sanitario en un aborto voluntario y también extendió la invalidez a porciones del artículo 199 que criminalizaban el aborto y limitaban a 12 semanas la posibilidad de abortar en caso de violación, inseminación o implantación artificial.
Esta histórica decisión de la SCJN fue complementada por la menos publicitada, pero igualmente importante de dos días después, en la que dicha Corte invalidó la disposición de la Constitución de Sinaloa que tutelaba el derecho a la vida, “desde el momento en que un individuo es concebido… hasta su muerte”. Disposición que, como se sabe, no hacía más que repetir lo puesto en muchas otras constituciones estatales en aquella oleada conservadora ya mencionada y que no hacía más que establecer actos que no impedían ciertas causales despenalizadas de aborto, pero que en la práctica condujeron a muchas mujeres pobres a prisión. En eso acabó el famoso “derecho a la vida”.
Así pues, ante la ambigüedad del presidente López Obrador al respecto, lo que vuelve a mostrar su conservadurismo intrínseco y ante el oprobioso desempeño de muchas legislaturas locales (aunque hay que rescatar que fueron minorías legislativas, entre otros actores, los que interpusieron las demandas de anticonstitucionalidad) no queda más que señalar una vez más al Poder Judicial como el que más y mejor ha defendido últimamente los derechos de la ciudadanía mexicana. Como dijo su ministro presidente, el único compromiso de la SCJN es con la Constitución y con los derechos humanos que ésta protege. Ese es el mejor poder.
Roberto Blancarte
