En medio de tantas reivindicaciones por el principio de legalidad, vale la pena detenerse a examinar la trascendencia del paso que dio el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, al advertir que, frente a la tragedia colectiva que vive México, “las autoridades no podemos seguir mirando hacia otro lado ante los feminicidios que se registran en el país” (Notivox JALISCO, 7 de julio). Y es que aún sin estar legalmente facultada para presentar iniciativas de Ley, la Suprema Corte elaboró, a decir de su presidente, “un proyecto de iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio. La idea de este proyecto es reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso a, para agregar a los delitos a que se refiere este artículo aquellos como secuestro o trata de personas, en los cuales, si bien son materia local, que la Ley General establezca el tipo de feminicidio y las sanciones correspondientes. Obviamente, la investigación y los procesos serán a nivel local” (Notivox JALISCO, 7 de julio).
Ciertamente el texto de la iniciativa fue presentado en el marco de la Agenda Legislativa para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y el Feminicidio y corresponderá tanto al Senado de la República como a la Cámara de Diputados hacer lo conducente a fin de que avance la referida legislación general que busca superar el estado de normalidad en el que parece encontrarse la más extrema de las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes a lo largo y ancho del país.
No obstante, ha sido la Suprema Corte la que ha tomado la iniciativa y recientemente produjo la serie televisiva El Caníbal de Atizapán con la finalidad de hacer visible la gravedad del problema y motivar la urgente reflexión colectiva en torno al fenómeno de las violencias contra las mujeres.
Todavía está por verse el grado de efectividad del referido proyecto ante el problema social que se busca resolver; sin embargo, ya desde ahora es posible advertir el acierto que supone anteponer el espíritu de colaboración entre los poderes públicos como vía para superar las indispensables limitaciones competenciales formalmente establecidas.
Roberto Arias
