En ocasión de sus primeros 45 años de existencia, la edición impresa de la revista Nexos de este mes dedica una imperdible reflexión ensayística en torno de su misión fundacional a la luz de la evolución que ha mostrado la conversación pública en México, desde su aparición en enero de 1978 en medio de un contexto marcado por la apertura democrática que comenzó con la reforma política de aquel año.
Dicho ensayo no sólo da cuenta de las implicaciones del “viraje al país digital” y refrenda su compromiso con las audiencias. Su “premisa, acaso pasada de moda, es que los medios deben acompañar de muchas maneras la percepción que una sociedad tiene de sus problemas y de lo que pasa en el mundo. Los medios deben enriquecer la mirada de sus audiencias, no sólo entretenerlas o impactarlas” (pág. 35). Además, atinadamente pone el acento en el mayor desafío que enfrenta la conversación pública hoy: “Quizás el rasgo fundamental de la conversación pública de nuestro momento es su falta de densidad cognoscitiva. Nos enteramos prácticamente de todo lo que pasa en nuestro país y en el mundo, pero sin entender casi nunca por qué realmente sucede” (pág. 36).
Esta falta de comprensión se ve recrudecida por la proclividad del uso político de los asuntos que ocupan hoy la conversación pública. Un buen ejemplo de esta proclividad lo constituye la más reciente decisión judicial que motivó el encarcelamiento de tres estudiantes y su posterior liberación, ocurrida en el contexto de un juicio promovido por particulares con intereses inmobiliarios socialmente muy cuestionados por la sucesión de fallidas intenciones gubernamentales por parte del municipio de Guadalajara, que han desembocado en una incapacidad institucional para asegurar la pretendida dotación de un espacio público digno para la ciudad en la zona de Huentitán.
Mucho bien se haría a la conversación pública si lográramos trascender las lecturas políticas en torno de los acontecimientos de nuestra vida asociada y pusiéramos el acento en mecanismos institucionales para, por ejemplo, blindar decisiones judiciales de presuntas motivaciones políticas y asegurar regulaciones que preserven el interés público.
Roberto Arias
