El gobierno producto de una amplia legitimidad democrática como la que supuso la alternancia partidaria que se concretó durante la elección del 2018; paradójicamente, ha propiciado un ambiente político marcado por una sistemática crítica a las instituciones que conforman el régimen democrático establecido en el país y que ahora, aunada al cúmulo de afectaciones sociales que se vieron recrudecidas tras la emergencia sanitaria por causa del covid-19, parecen alimentar una especie de falsa ilusión sobre los ciudadanos, para hacernos creer que la única alternativa efectiva para remontar los problemas colectivos y hacerle frente a los desafíos de nuestra democracia necesariamente pasa por la fórmula de un gobierno opaco y sin mayor obligación de rendir cuentas que la rueda de prensa mañanera.
Ante tal escenario, las reflexiones vertidas durante el encuentro nacional que se llevó a cabo la semana pasada en El Colegio de Jalisco en torno al futuro de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, nos permitieron imaginar los alcances de una acción estratégica para alejarnos de las amenazas de la corriente crítica del populismo que apunta hacia la representación política del régimen democrático liberal, llegando a concebir teóricamente otras vías distintas a la de un gobierno democrático (Aguilar, 2022).
Uno de los principales problemas a los que habrá de enfrentarse es a la indiferencia o pasividad de una buena cantidad de ciudadanos que no alcanzan a ver las probables afectaciones sobre su vida cotidiana que conllevaría la falta de transparencia en las acciones del gobierno. En ese sentido, la comunicación y persuasión resultarán centrales para lograr “ponerle rostro a la pérdida” tal como sugirió el senador Emilio Álvarez Icaza. Y a través de una acción estratégica con un claro sentido de pedagogía social hacerle ver a los ciudadanos lo que está en juego si no hay futuro para los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción: la pérdida de una protección efectiva ante la eventual vulneración de sus datos personales sensibles como los contenidos en su credencial de elector actualmente emitida por el Instituto Nacional Electoral.
