En principio, parecería una obviedad el llamado realizado por la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, durante la clausura de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública, para que el trabajo de coordinación en materia de seguridad no se condicione a la coyuntura de las diferencias políticas motivadas por la próxima elección presidencial de 2024: “hay temas en los que por supuesto podemos disentir, otros que incluso nutren la democracia cuando disentimos en ellos, pero no en el tema de seguridad, no es materia donde podamos permitirnos ese espacio, necesitamos trabajar de manera coordinada todas las fuerzas de seguridad y políticas del país.” (Notivox JALISCO, 20 de julio).
En efecto, dicha declaración no es ninguna novedad si se mira bajo el prisma de la teoría de la competencia democrática. Sabemos que algunos asuntos públicos suelen producir un consenso unánime en la sociedad: en el caso de la inseguridad que nos ocupa, todos estamos de acuerdo en que queremos que sus indicadores vayan a la baja y hasta deseamos que se erradique por completo. En consecuencia, absolutamente todos los partidos políticos incluirán la seguridad como parte de su paquete de políticas públicas que llevarán a cabo en caso de ganar la próxima elección. En otras palabras, el asunto no es determinante para la competencia democrática.
La propia declaración, sin embargo, deja ver lo lejos que están las autoridades responsables de la gobernabilidad y las estrategias de seguridad de haber comprendido la gravedad y profundidad del fenómeno de inseguridad por el que atraviesa el país. En efecto, abogar por la continuación de los mecanismos de coordinación, bajo el argumento de “que están dando resultados, como son las mesas de seguridad” (Notivox JALISCO, 20 de junio), es no querer ver más allá de esa realidad que ofrece el prisma de las principales instituciones responsables de seguridad. Más nos valdría insistir en el sentido de urgencia de la tarea colectiva que tenemos por delante para comprender las causas multifactoriales del fenómeno delictivo en México, para definir una agenda más allá de quién gane la elección.
