El pasado 13 de diciembre fue presentada formalmente a la Cámara de Diputados por conducto de la Secretaría de Gobernación la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y que, de aprobarse, derogaría la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) vigentes desde el 2002.
La exposición de motivos que acompaña la iniciativa se apoya en un fuerte cuestionamiento a la orientación de la política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación que imperó en las últimas tres administraciones federales y que, a decir del texto, en la práctica “esta política aterrizó en el fomento a la vinculación entre centros de investigación científica y tecnológica públicos con las empresas del sector privado; el financiamiento público a través de fideicomisos y transferencias financieras hacia empresas privadas; el otorgamiento de becas y financiamiento de posgrados de instituciones privadas, y la generación de ciencia y tecnología para el desarrollo de actividades básicamente comerciales.
Lo anterior, acompañado de la imposición de criterios elitistas y de evaluación productivista en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como de la renuncia del Estado a obtener y conservar como bienes públicos y sociales los avances en la innovación y la ciencia financiadas con recursos públicos, mediante el abandono de la propiedad intelectual resultante.” (pág. 8).
Por el calado de sus implicaciones normativas, particularmente respecto a los Centros Públicos de Investigación que regula el Conacyt (Ver Tonatiuh Guillen, Revista Proceso, 1 de enero de 2023, págs. 53-54), la iniciativa presidencial a levantado fuertes cuestionamientos entre la comunidad científica que vale la pena atender y escuchar. De ahí la pertinencia de la petición para abrir el proceso legislativo a espacios de diálogo efectivo con representantes de dicha comunidad.
Más allá de esta apertura, lo que debe garantizarse es un esquema de gobernanza pública efectiva en las materias que se pretenden regular para evitar incurrir en las simulaciones y errores del pasado.
Roberto Arias
