La mesa técnica dedicada a la revisión, análisis y discusión de la normatividad vigente en materia de colaboración administrativa que viene sesionando en El Colegio de Jalisco, ha desahogado, hasta ahora, las primeras tres sesiones de trabajo comprometidas conforme al calendario anunciado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para la revisión del pacto y la política fiscales de la entidad.
La colaboración administrativa en materia fiscal contempla tanto las acciones que se desprenden de los convenios de adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal (SCF) que configuran los procesos de descentralización y reasignación de recursos, como la colaboración administrativa propiamente dicha respecto de las acciones e incentivos económicos inherentes a las funciones de fiscalización sobre actividades productivas específicas.
Respecto a los procesos de descentralización, se tiene que los ámbitos de política pública más sobresalientes es la educación, las actividades agropecuarias y el medio ambiente, y al menos hasta antes de que entrara el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el ámbito de la salud pública al que, por cierto, Jalisco decidió no adherirse.
Así, más allá de las propuestas de cambios en las fórmulas de reasignación de recursos que podrían sugerirse en los ámbitos de acción pública descentralizada, una oportunidad que podría aprovecharse en el corto plazo está dada por los incentivos económicos que generan la actividades de administración y fiscalización federal que realizan las entidades federativas y que eventualmente constituyen ingresos adicionales a las participaciones y aportaciones federales que ingresan a sus haciendas públicas.
No obstante, para el óptimo aprovechamiento de esta oportunidad, en entrada, supone un esfuerzo por parte de las entidades federativas para estar dispuestas a invertir de manera sostenida en la formación de recursos humanos calificados (profesionalización de la función de fiscalización), infraestructura tecnológica y mecanismos tributarios competentes que operen coordinadamente con las autoridades federales. Un desafío no menor a la luz de la experiencia conocida por el SCF vigente.
Roberto Arias
