Con la reciente salida del director general del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, ocurrida el pasado 30 de junio, se suscitó un fructífero intercambio de opiniones entre quienes participamos en la Asamblea por la Gobernanza, el colectivo de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y organismos empresariales, que fue constituido en 2011 para incidir en la voluntad política de los gobernantes de entonces, a fin de concretar la firma del Convenio de Coordinación que dio paso a las tres instancias que conforman hoy el régimen de coordinación metropolitana vigente en la capital de Jalisco.
En el referido pronunciamiento que fue publicado por nuestro amigo y colega Alejandro Mendo, profesor investigador del Iteso (Cfr. Mural, 14 de julio), se esboza un amplio balance en el que se reconocen avances sin dejar de observar los cuestionamientos y limitaciones que persisten en materia de coordinación metropolitana a más de una década de su puesta en marcha; luego del cual se plantea ¿cuál es el mejor mensaje que puede enviar ahora la Junta de Coordinación Metropolitana responsable del nombramiento? Dos signos muy puntuales, según nos recordó Luis Fernando Álvarez, se mantienen vigentes desde entonces: 1) convocar a un concurso de oposición que asegure un perfil competente al frente, y 2) impulsar el servicio profesional de carrera.
Me parece que tal pronunciamiento y su énfasis por justipreciar avances y limitaciones, resulta por demás pertinente para intentar iluminar el camino que debería seguirse en los ámbitos de política pública a cargo de los dos organismos constitucionalmente autónomos con procesos de designación de sus respectivos titulares abiertos y que recientemente han acaparado la atención de la opinión pública. Me refiero tanto a la transparencia como a los derechos humanos, cuyos procesos de designación han sido cuestionados y, en el primer caso, se ha polarizado y hasta judicializado.
Roberto Arias de la Mora
