Entre tanto se despejan los matices de las diversas declaraciones que escuchamos la semana pasada respecto a la apertura al diálogo y sus alcances para procesar la tan anunciada reforma al Poder Judicial, otros diálogos han comenzando a producir sus frutos para una mejor procuración e impartición de justicia.
Así, mientras los medios de comunicación dieron puntual cuenta de las diferentes declaraciones que anunciaron desde “una discusión amplia” eventualmente pactada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su primer encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Notivox JALISCO, 11 de junio), hasta la precisión hecha por el presidente de la Comisión de Puntos constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, en el sentido de que los foros “son para oír” no debatir (Mural, 15 de junio), y dando por sentado que las encuestas anunciadas por el presidente del Partido Movimiento de Reconstrucción Nacional, Mario Delgado, (Notivox JALISCO, 14 de junio) terminarán avalando la esencia de lo que se propone reformar; es decir, que los juzgadores sean electos popularmente.
Otro diálogo que ha iniciado, ciertamente con mucho menor atención mediática, es el que se da cuenta en el libro Diálogos entre las Ciencias Sociales y el Derecho. Aportes a los procesos de procuración e impartición de justicia que fue presentado el viernes pasado en El Colegio de Jalisco y cuya primera edición ya agotada es muestra fehaciente de su pertinencia. En efecto, el poner a dialogar voces provenientes de otras disciplinas sociales tales como antropología social, sociología, pedagogía, trabajo social, psicología, psiquiatría, entre otras, con los profesionales del derecho constituye una innovación relevante para recuperar el rostro humano de los procesos judiciales que se practican hoy en México, un rostro que resulta particularmente indispensable poner al centro de las prácticas y protocolos vigentes en los peritajes criminalísticos. Definitivamente este otro diálogo resulta más prometedor para los fines de una mejor impartición de justicia para los mexicanos que el cambio en la forma de acceder al Poder Judicial.
