En una audiencia frente a un comité del Congreso de Estados Unidos, la directora de la DEA, Anne Milgram, detalló las capacidades de los cárteles mexicanos. El tema no era ese, sino revisar su cuestionado papel al haber otorgado contratos millonarios sin licitación, y empleado a amigos y favoritos que no necesariamente tenían las mejores credenciales; ya ven que hay países remilgosos donde eso amerita una investigación. Milgram abordó el tema como parte de su testimonio para justificar las necesidades de la DEA ante la crisis del fentanilo.
El asunto es que, sin querer queriendo, confirmó lo que algunos sospechábamos: que el poder de los principales cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, se ha incrementado y modernizado a un paso que debía tener en alerta máxima a cualquier mandatario que no fuera al que le da por repartir abrazos.
En el 2015 vimos al CJNG derribar con un lanzagranadas un helicóptero cougar militar en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, dejando un saldo de ocho soldados y un policía muertos. El mismo cártel ha sembrado de minas unipersonales los municipios de Aguililla y Tepalcatepec: el año pasado el ejército reportó haber desactivado al menos 250 aparatos luego de que uno, dejado al paso de los convoyes militares, lesionara a 10 soldados. Desde al menos el 2021 el cártel de Sinaloa ha desplegado drones con capacidad infrarroja, es decir, que operan en la obscuridad para atacar con bombas a sus rivales en Buenavista y Coalcomán. Los aparatos son tan sofisticados que, oficialmente, ni siquiera los tienen nuestras Fuerzas Armadas. Y el mes pasado un coche bomba dejó a tres guardias nacionales en estado crítico en Celaya. Y no fue la primera vez: el 2020 otro coche explotó frente a una estación de la Guardia Nacional cercana al C4 de Guanajuato, y cómo olvidar el que en 2019 fue dejado por el cártel de Santa Rosa de Lima frente a la refinería de Salamanca que, afortunadamente, fue descubierto y desactivado antes de detonar. También el mes pasado, en Jalisco, ocho bombas mataron a seis policías en Tlajomulco, en las faldas de Guadalajara.
La jefa de la DEA enfatizó que los cárteles de Sinaloa y Jalisco controlan la cadena de producción y distribución del fentanilo a escala global, costándoles cerca de 10 centavos producir una píldora que en las calles de los EUA se vende en 10 dólares. Al de Sinaloa lo acusa de tener cerca de 26 mil empleados en más de 100 países, y presencia en 19 de los 32 estados mexicanos; curiosamente, menciona como sus líderes máximos a los hijos del Chapo, sin asomo alguno de los Zambada. Del de Jalisco, Milgram dice que tiene 18 mil asociados en todos los continentes excepto Antártica, además de actividad en 21 estados de México. Y de los sofisticados mecanismos de lavado de dinero en triangulación con China, ni hablemos.
Milgram afirmó que solo esos dos cárteles son la más grande amenaza criminal que ha enfrentado jamás los Estados Unidos. Y, si eso dice pan de huevo, ¿qué esperanza puede tener el bolillo de agua?
