El martes 6 de febrero recibí una mala noticia. Fui avisado por un amigo común que Ernesto había muerto en su casa. Durante el velorio alguien contó sobre la desagradable experiencia que significó la ingrata coincidencia del sorpresivo dolor con la engorrosa burocracia del Ministerio Público de Ciudad de México.
Cuando los funcionarios de la fiscalía capitalina llegaron al domicilio encontraron su cuerpo tendido sobre la cocina. Advirtieron que la mancha de sangre alrededor de su cabeza les obligaba a investigar la posibilidad de un homicidio.
De nada sirvió cuando la familia explicó que había muerto por causa natural. Desde hacía varios años el difunto padecía una enfermedad que le provocaba trombos capaces de dañar corazón y cerebro. Aunque estaba medicado, mientras se preparaba de cenar, tuvo un episodio fulminante que le hizo caer. El golpe habría provocado el sangrado observado por las autoridades.
Insistió el Ministerio Público con que en este tipo de casos la única solución para despejar responsabilidades es realizar una autopsia. Insinuó esa gente que si la familia quería saltar el trámite tendría que entregar un estímulo económico generoso.
La negativa a incurrir en un acto de corrupción obligó al examen forense que confirmó la hipótesis de la muerte externada previamente.
Trece días después, el lunes 19 de febrero, el ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa fue encontrado, también sin vida, en su residencia. La trabajadora del hogar halló su cuerpo al pie de una escalera. Alrededor suyo había igualmente una mancha de sangre.
Según la versión oficial, el médico personal de Urzúa explicó al personal de la fiscalía que no era necesario practicar la autopsia porque su paciente padecía del corazón. Dijo que seguramente habría sufrido un paro cardiaco, el cual lo hizo rodar por las escaleras. Especuló con que dicho incidente habría producido el sangrado reportado por la empleada del occiso.
En Ciudad de México es decisión arbitraria del Ministerio Público que se realice, o no, la autopsia para determinar la causa de muerte.
Zoom: aquí la desigualdad ante la ley ocurre incluso después de haber partido. Fue la ausencia de autopsia lo que abrió la puerta para que los zopilotes vociferaran en el caso de Carlos Urzúa.
