Hay un delito que suele pasar desapercibido y sin embargo es la causa más frecuente de la impunidad mexicana. No hay caso judicial relevante que esté exento de la obstrucción de justicia, esa conducta dolosa y deliberada que todas las veces descarrila a la verdad.
Sus formas son variadas, pero todas tienen el mismo objetivo: impedir que se cumpla la ley. Es el más grande acto de corrupción porque su recurrencia se encuentra, en la práctica, detrás de todas las corrupciones.
La lista de obstrucciones es larga, pero entre las más comunes se hallan el ocultamiento de información, la fabricación de pruebas y culpables, la coacción y la tortura de testigos, la burocracia judicial, la destitución injustificada de autoridades, la manipulación de la opinión pública o la torcida interpretación de los procesos y las normas.
Este jueves el periodista Pablo Ferri publicó un texto en El País donde refiere al ocultamien-
to de documentos clave, en manos de las fuerzas armadas, relacionados con el caso Ayotzinapa. Infiere que por esta razón los dos últimos integrantes del GIEI, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, estarían por abandonar definitivamente la investigación sobre los 43 normalistas.
El argumento es creíble porque el Ejército ha ocultado información, de manera sistemática, con el propósito de obstruir el desarrollo de la justicia en el caso judicial que más recursos públicos ha costado al país en la última década.
También esta semana, el periodista Ciro Gómez Leyva denunció el estancamiento de la investigación que la fiscalía capitalina realiza a propósito del atentado contra su vida. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este episodio como un asunto de Estado, el periodista afirmó que la dependencia bajo las órdenes de la fiscal Ernestina Godoy miente para empantanar las cosas.
Tan flagrante ha sido la obstrucción en este caso que un juez tuvo que ordenar el cierre de la investigación, en un plazo no mayor a diez días, para ver si así el ministerio público sale de su marasmo.
Otro ejemplo de obstrucción de justicia denunciado esta semana es el amparo otorgado al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien consiguió que un tribunal administrativo ordene borrar su nombre de un documento presentado ante la ONU, por la Comisión Nacional de Búsqueda, donde se le asignaron responsabilidades políticas por la violencia y las desapariciones que se vivieron en la entidad que él gobernó entre 2011 y 2017.
Los magistrados Jean Claude Tron Petit, Patricio Loyola Pérez y Ricardo Gallardo Vara resolvieron que el derecho al buen nombre de Sandoval es un bien jurídico superior al conocimiento de la verdad sobre el contexto de enorme criminalidad que se gestó durante su administración. No tomaron en cuenta que Sandoval nombró y protegió a Edgar Veytia como fiscal del estado y tampoco que este sujeto haya sido ya juzgado por tribunales estadounidenses por sus vínculos criminales.
Para continuar con ejemplos de obstrucción de justicia ocurridos durante estos últimos días vale citar el discurso pronunciado por el actual gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Montó en cólera este político de la Cuarta Transformación porque a la audiencia de vinculación contra la jueza Angélica Sánchez Hernández acudió personal de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La anécdota no tiene desperdicio. El mandatario veracruzano argumentó que esta presencia había violado la Carta Magna ya que la audiencia debió celebrarse a puerta cerrada y las pruebas presentadas durante su desarrollo tenían que haberse mantenido secretas.
En realidad, lo que García hubiera querido es que los derechos de la jueza Sánchez fuesen pisoteados sin que quedara huella de la arbitrariedad. Hay evidencia suficiente de que su gobierno ha fabricado una acusación insostenible y también de que el gobernador ha emprendido una serie de acciones para obstruir el derecho a la justicia que esa mujer juzgadora tiene según las leyes mexicanas. El hecho ha sido denunciado por el Instituto Federal de Defensoría Pública, por el Senado de la República y también por la asociación mexicana de jueces.
No es correcto suponer que estos distintos actos de obstrucción encuentran su origen en la ineptitud, la incapacidad o la impericia de las autoridades. La obstrucción de justicia que se practica en México es un acto político encaminado siempre para proteger intereses políti-
cos inconfesables.
No hay estulticia en el ocultamiento de información que han hecho las Fuerzas Armadas sobre el caso Ayotzinapa, sino un hecho cuidadosamente diseñado para asegurar que continúen impunes los responsables últimos del contexto que permitió la desaparición de los 43 normalistas.
Tampoco es la tontería de la fiscalía capitalina lo que tiene estancada la investigación sobre el atentado contra el periodista Gómez Leyva, sino una estrategia bien planeada de fabricación de culpables, dispuesta como obra de teatro para simular que el caso se estaba investigando.
En la misma lógica, no es la supuesta presunción de inocencia del ex gobernador Roberto Sandoval lo que llevó a los magistrados a exigir que su nombre fuera eliminado del informe entregado al Comité de Desaparición de la ONU, sino un acto muy probable de corrupción que tiene por objeto excarcelarlo pronto.
La actuación de Cuitláhuac García es todavía más perversa porque lo que busca es dinamitar el prestigio del Poder Judicial para asegurar una permanente obstrucción de justicia para favorecer la agenda de intereses de la facción política a la que pertenece.
Mientras la obstrucción de justicia sea la norma y no la excepción, la impunidad continuará reinando en el país. Por ello debería ser tema prioritario denunciar este delito ahí donde se presente y perseguir de manera implacable a las personas que en cualquiera de los ámbitos de la justicia se atrevan a perpetrarlo.
Prácticamente todas las instituciones responsables de hacer que el Estado de derecho prevalezca incurren con la mayor libertad en actos lesivos de obstrucción de justicia.
Son una práctica común en la policía, en los agentes responsables de las investigaciones criminales, en los peritos, en el ministerio público, en la Guardia Nacional, en las Fuerzas Armadas, en las fiscalías, en los juzgados, en los tribunales y, desde luego, dentro del poder Ejecutivo, tanto local como federal. Es la razón principal que nos impide erradicar la corrupción y la injusticia. Es motivo que reprime a la verdad como valor fundamental de nuestro sistema de justicia.
