Bien lo dijo Ricardo Monreal en el mensaje que subió a sus redes sociales el día de ayer: están en marcha una serie de cambios fundamentales al régimen político.
Entre los más evidentes se encuentran la reforma al Poder Judicial, la eliminación de varios órganos constitucionales autónomos, la militarización de la Guardia Nacional, una reforma al Instituto Nacional Electoral y la propuesta para suprimir la representación proporcional.
También tiene razón el futuro diputado al reconocer que esta metamorfosis despierta animosidades y resistencias. Difiero, sin embargo, sobre el motivo de tales emociones políticas.
El problema es el procedimiento mediante el cual están por aprobarse esos cambios: se está operando el surgimiento de un nuevo régimen sin que quienes habitamos este país hayamos acordado un cambio de Constitución.
Nadie puede negar que el pasado 2 de junio el voto popular entregó 54 por ciento de los votos para el Congreso a Morena y sus aliados. Lo que está en disputa es si ese voto fue al mismo tiempo un mandato explícito a la mayoría para cambiar de régimen político.
Si lo que el oficialismo tenía en mente era una nueva Constitución debió haber convocado a un nuevo Constituyente, pero no fue eso lo que hizo durante la pasada campaña.
Este nuevo proyecto constitucional tendría además que someterse a una consulta popular y antes a un debate amplio y plural con el objeto de que consiga una legitimidad que vaya más allá del respaldo con el que actualmente cuenta (insisto, desde el plano legislativo, no más de 54 por ciento).
Pone también en riesgo el apoyo general hacia la nueva Constitución el que se quiera resolver como si se tratara de un mero trámite legislativo ordinario.
El pretendido nuevo régimen político nace a toda prisa durante el último mes del mandato del presidente saliente, sin haber sido discutido ni consultado popularmente, con un Congreso que no fue convocado para este propósito porque no se trató de una elección extraordinaria para elegir a un nuevo Constituyente.
Zoom: las resistencias y las animosidades tienen fundamento, son actitudes políticas legítimas ante la velocidad aplastante e irreflexiva con la que está ocurriendo el mentado cambio de régimen.
