Aprincipios de este 2023 el gobierno de la Ciudad de México abrió un albergue en la zona del bosque de Tláhuac para recibir personas en situación de calle, migrantes y refugiadas. Aquella instalación previó recibir a 150 solicitantes, pero en unas cuantas semanas arribaron al lugar más de ochocientas y, para el mes de mayo, la cifra en esa instalación y sus alrededores saltó a cuatro mil.
Tláhuac debió encender los focos rojos de un cambio en el patrón migratorio que antes no tenía a la Ciudad de México como destino, ni como estación en la ruta hacia el norte y que, sin embargo, a partir del 2023, se modificó dramáticamente.
La reacción del gobierno de la ciudad frente a este fenómeno fue infame. Una noche llegaron decenas de camiones liderados por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) para desalojar a las personas que se encontraban en ese albergue y sus alrededores. Aunque existen registros parciales de que fueron trasladadas a otros sitios, fuera de la capital, no se sabe con certeza cuál fue su destino final. Se trató de un acto deliberado de “limpieza social” para expulsar de las calles de la CdMx a quienes tenían derecho a ser protegidos por la autoridad.
De acuerdo con la Constitución capitalina, la entidad se define como una comunidad hospitalaria con las personas migrantes y aún más con quienes solicitan refugio por razones humanitarias. En la narrativa legal, la CdMx se asume como “una ciudad santuario.” Un término que es antitético con el de la “limpieza social” practicada en el albergue de Tláhuac.
Después de tal fecha este refugio volvió a abrir brevemente sus puertas y, al ver que, de nuevo el número volvía a incrementarse, cerró de manera definitiva a principios de este mes de diciembre. Una decisión increíble si se considera que se trataba del único albergue financiado por el gobierno de la Ciudad de México para atender al masivo fenómeno migratorio.
¿De qué tamaño es la presencia migratoria en la capital del país? Dado el nivel de informalidad es difícil aportar cifras precisas. Sin embargo, se cuenta con algunos datos que permiten dimensionar. De acuerdo con la Agencia para Refugiados de la ONU (Acnur), del primero de enero al 22 de diciembre de 2023 se habrían presentado 30 mil 552 solicitudes de refugio ante la delegación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) radicada en la capital del país.
Este indicador implica que, después de la delegación que esta misma dependencia tiene en Tapachula, Chiapas, la CdMx es la población donde se presenta el mayor número de aplicaciones para refugio.
Acnur también nforma que los albergues de la sociedad civil cuentan con un promedio de 750 camas disponibles. Sin embargo, el desbordamiento del fenómeno hace que esos mismos refugios hospeden actualmente a más de tres mil personas, es decir que hay cuatro personas por cada lugar disponible.
A esta cifra debe añadirse, según la secretaría de Bienestar de la CdMx (Sibiso), un promedio de seis mil personas migrantes y refugiadas viviendo en situación de calle. La mayoría de este segundo grupo se distribuye en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tláhuac. Igual habrían de contabilizarse las que se hallan en el Estado de México, pero ahí la estadística es aún menos creíble.
Entre las nacionalidades migrantes destacan la haitiana, venezolana, hondureña, nicaragüense y colombiana. En Tláhuac domina el grupo haitiano, con más de 80 por ciento. En el centro de la ciudad, por el rumbo de la Merced, 60 por ciento serían personas venezolanas, lo mismo que en el campamento que se ubica cerca del central oriente de autobuses (TAPO).
Ante la omisión deliberada de la autoridad capitalina, la sociedad civil ha tomado el relevo. De las tres mil personas alojadas en albergues, 100 por ciento cuenta con un lugar gracias al sector social, porque el gobierno de la ciudad santuario les abandonó.
Destacan entre estas organizaciones Cafemin, de las hermanas Josefinas, cuyo albergue se encuentra en la colonia Vallejo; los dos centros Rafael Arcángel, de Iztapalapa y Ecatepec, administrados por la orden de los Scalabrini, así como las casas Tochan, Peña, Frida y Mambré, entre otros que tienen menor capacidad.
Alrededor de algunos de estos albergues han ido estableciéndose campamentos irregulares conformados por personas que, o bien no encontraron lugar dentro de los refugios, o prefirieron apartarse de sus normas y reglamentos.
Tales campamentos generan impacto conflictivo en los alrededores vecinales. En consecuencia, las protestas de los residentes crecen, principalmente por razones de insalubridad y también de crimen. En efecto, el nivel de precariedad al que han sido arrojadas las poblaciones migrantes les vuelve víctimas fáciles para la enfermedad y el hampa.
El abuso de algunos vecinos llega al extremo de cobrar quince pesos por lavarse las manos, treinta por ocupar un sanitario y hasta cincuenta por un baño. Hay reporte también de explotación sexual y laboral por parte del crimen organizado.
Esta semana, la última del año, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció que para el año próximo se tiene previsto abrir un nuevo refugio en un predio colindante con la Central de Abastos. Dadas las circunstancias aquí relatadas la noticia es muy buena, siempre y cuando se asuma que la estancia de las poblaciones migrantes y refugiadas no será breve y que, por lo menos durante 2024, tampoco va a detenerse.
La explicación del cambio en el patrón migratorio hay que buscarla en el consulado de Estados Unidos de la CdMx, el cual ofrece, a partir de este año, citas para la revisión de cada caso a partir de una plataforma denominada como CBP One. Esta plataforma comenzó a priorizar a las personas ubicadas geográficamente en la capital mexicana y por esta razón el flujo migratorio se multiplicó.
A partir de esta modificación, el sistema mexicano de asilo en la CdMx, que está ligado al estadunidense, voló en pedazos. Prueba de ello es que el INM dejó de expedir las tarjetas de visitante por razones humanitarias. En materia migratoria, es evidente que la ciudad ingresa al 2024 con una crisis de grandes proporciones. No se ve fácil la salida, pero cualquier camino que se elija debe considerar como punto de partida lo que dice la Constitución local. El adjetivo “santuario” no puede ser una etiqueta retórica sin consecuencia ni implicaciones de política pública.
