La pretendida reforma para ampliar por dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, es un ejemplo de la peor perversidad que campea en esta época de la política mexicana.
La forma como se operó la reforma es infame, pero su rostro más canijo es la encrucijada ética en la que, tanto el partido mayoritario, Morena, como sus aliados, colocaron al ministro Zaldívar.
Tengo convicción profunda y fundada de que el presidente de la SCJN no fue consultado a propósito de esta barbaridad. Su trayectoria como pionero de la constitucionalidad democrática que hoy rige en el país es obvia predicción de su comportamiento.
No es creíble que el jurista que se enfrentó al presidente que lo propuso como ministro, Felipe Calderón Hinojosa, en los casos ABC y Florence Cassez, y tantos otros temas cruciales de nuestra época haya traicionado la naturaleza de sus convicciones, igual que el carpintero tiene como materia de su oficio a la madera, o el matemático a los números y las ecuaciones, un constitucionalista de la talla de Zaldívar tiene como núcleo atómico de su quehacer profesional a la Constitución.
Sabe, por tanto, que la reforma votada por los senadores para ampliar su periodo como presidente de la SCJN es contraria a la Carta Magna.
Para Zaldívar, darle la espalda a su materia principal de trabajo sería tan absurdo como si el astrónomo dejara de investigar los astros, o el biólogo perdiera interés en el milagro de la vida.
Mejor que nadie, el presidente de la SCJN sabe que el supuesto favor, que los senadores acaban de hacerle, no es ningún favor. Si concede, romperá lanzas con los operadores del derecho: jueces, magistrados y ministros, pero también con abogados litigantes, jurisconsultos, teóricos de la Constitución y el resto del gremio al cual pertenece, y se debe, Arturo Zaldívar.
No cabe, según la razón, que este ministro ha exhibido durante su larga biografía profesional, que haya estado de acuerdo con este despropósito. Es inescrutable la ventaja que podría obtener; el beneficio económico no alcanza, tampoco el poder o las prebendas que podría obtener. Puesto en una balanza, como la que suele cargar la señora de la justicia, prolongar el mandato, para Zaldívar, tiene todos los argumentos en contra y ninguno a favor.
Sin embargo, Zaldívar debe estar ponderando en este preciso momento, cómo rechazar la manzana envenenada sin romper irremediablemente con el deseo presidencial de su permanencia. Este es el dilema ético, cargado de perversidad, al que ha sido arrojado el presidente de la Corte.
Si siendo congruente con su fidelidad a la Constitución, Zaldívar se expresa públicamente en contra de la reforma que, presuntamente le favorece, alargando el periodo de su mandato, el capítulo siguiente en esta novela de terror será un rompimiento sin retorno entre —temo decirlo con todas sus letras— el Poder Judicial y los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado mexicano.
De este tamaño es la disputa: o Zaldívar complace la perversidad que entraña el regalo envenenado que —igual que la bruja del cuento— el Presidente y su partido le entregaron al más honorable de los ministros, o bien rechaza la manzana ponzoñosa con plena consciencia de que, al día siguiente, ambos poderes, Ejecutivo y Legislativo, reventarán en contra suya proponiendo no una mera reforma al mandato del titular del Poder Judicial, sino una cirugía mayor en contra de la institución a la que hoy pertenecen las personas que gestionan la impartición de justicia.
El dilema es insoportable: decirle que no al Presidente, a propósito del regalo envenenado es, al mismo tiempo, entregarle a Andrés Manuel López Obrador el pretexto perfecto para operar una reforma de calado mayor para hacerse de una Corte a modo a su preferencias e intereses; una Corte tan a modo como se ha convertido el Poder Legislativo.
Záldivar habrá de meditar este fin de semana si se pelea con su gremio, o con el presidente de la República.
Frente a sí tiene la disyuntiva de concluir sus días (y su reputación pública) como el palero, el José Luis Vargas —presidente sumiso al Ejecutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF)—, o bien, como Arturo Zaldívar el ejemplo para los jueces incorruptibles, para los constitucionalistas rigurosos, para los operadores del derecho que prefieren la democracia sobre el autoritarismo.
Quien ideó esta reforma es perverso porque obligó a las definiciones: o Zaldívar se adhiere a la barbarie constitucional, o bien se escapa de ella con dignidad, pero en ese lance rompe conversación política con el presidente de la República.
Carga de gravedad esta decisión que, de aceptar la manzana ponzoñosa, el antecedente podrá servir para alargar el mandato presidencial, o el de cualquier otro funcionario con ánimo de aferrarse al poder.
Que no quepa duda: si Zaldívar prolonga su mandato estará sentando un precedente para que otros funcionarios, incluido Andrés Manuel López Obrador, extiendan el propio.
Este es un argumento más para decirle que no a la manzana de Blanca Nieves. Cuando el Senado, o la Cámara de Diputados, propongan —no la reelección sino la extensión del mandato otorgado por las urnas a López Obrador, el precedente Zaldívar será citado.
Si hoy el presidente de la Corte rechazara la manzana, mañana el Presidente de la República quedará inhabilitado para reclamar su permanencia en el Palacio Nacional. En cambio, si concede, Zaldívar estará avalando un golpe a la democracia constitucional del que el país difícilmente podrá recuperarse.
Zaldívar ha conducido la presidencia de la SCJN con una convicción: la mejor manera de proteger al Poder Judicial Federal es domesticar los ánimos golpistas de la Cuarta Transformación. Con este argumento, una y otra vez, ha argumentado que es un hombre suficientemente honesto como para reformar, desde adentro, las instituciones responsables de administrar la justicia.
Sin embargo, la perversidad política imperante lo arrojó a un nuevo dilema: si concediera con el regalo envenenado, la única reforma pendiente al Poder Judicial es la más autoritaria que podríamos imaginar.
Ricardo Raphael
@ricardomraphael
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Réplica de José Luis Vargas Valdez, Magistrado Presidente de la Sala Superior del TEPJF, a la columna "El regalo envenenado que AMLO le entregó a Zaldívar”
Domingo 18 de abril de 2021
Con relación a la columna “Política Zoom” publicada ayer con el título “El regalo envenenado que AMLO le entregó a Zaldívar”, de la autoría del señor Ricardo Raphael, y ante las reiteradas menciones negativas del mismo autor a mi persona, me permito hacerle las siguientes aclaraciones:
1.- Las críticas por el sentido de mis votos como juzgador no están basadas en las razones jurídicas que expongo sino en lo que Ricardo Raphael considera que es el “deber ser” al adoptar un papel ya muy trillado de sacerdote de la moral pública. En tal sentido, engaña al lector, pues no se toma la molestia de leer ni mucho menos combatir con argumentos legales decisiones que estuvieron basados en la ley, el expediente y mi convicción como juzgador sin importar a quién se juzgue.
2.- En su defensa irrestricta a la Constitución, que yo comparto, se le olvida que dicho texto nos otorga a los Jueces, Magistrados y Ministros, autonomía e independencia para emitir nuestras resoluciones, a lo que no renunciaré ni por presión mediática, ni por insultos, me apegaré siempre y como hasta ahora a un estricto criterio jurídico.
3.- Al utilizar adjetivos como “pirómano”, “irresponsable”, “palero” o “impresentable” el propio “periodista” demuestra que su pluma no es objetiva, más aún pareciera que quiere influir con sus ataques permanentes el sentido de mi votación. Cuestión que aún con sus múltiples insultos no va a conseguir.
4.- En tal sentido, en su calidad de jurista reconocido, lo emplazo públicamente a que en noviembre de 2023 que termina mi periodo como Magistrado y Presidente del TEPJF, concurse en el proceso público para ocupar la silla que dejaré vacante y demuestre así, que cumple con los méritos, conocimientos técnicos y trayectoria que se exigen para ocupar este cargo.
Con el fin de informar de forma correcta al público lector del periódico Milenio, le solicito la publicación íntegra de esta carta en el mismo espacio que fue publicada la nota en comento, en términos del Artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica.
Atentamente
José Luis Vargas Valdez
Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
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Contrarréplica de Ricardo Raphael al Magistrado Presidente de la Sala Superior del TEPJF, José Luis Vargas Valdez.
Ciudad de México, 18 de abril de 2021
Señor José Luis Vargas Valdez:
En estricto sentido no puedo ofrecer una contra-réplica ya que no exhibió usted en su escrito ningún elemento que contradiga con solvencia mi opinión sobre su desempeño como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, aprovecho la oportunidad para asegurarle que no es por razones subjetivas que lo he llamado “hampón,” “palero,” “irresponsable” y “obsecuente.”
Es comprensible que usted no esté de acuerdo con mi valoración sobre su trabajo, pero ese defecto de criterio suyo no lleva a que el mío sea también defectuoso.
Debo precisar que mi principal diferencia con usted no está en los razonamientos jurídicos de las resoluciones donde ha participado, sino en su comportamiento ostentoso, arrogante, despreocupado y desaseado para con la República.
Lo llamé “hampón” cuando se asignó un sueldo por encima del que tenía el presidente de la República. Lo llamé “palero” cuando decidió sumarse al coro de linchamiento en contra de la autoridad administrativa, en pleno proceso electoral. Lo llamé “irresponsable” cuando se filtró a la prensa su nombramiento como presidente del TEPJF, antes de que éste fuese votado por el pleno del órgano al que pertenece. Y lo llamé “obsecuente” por la falta de agallas requeridas para responder al presidente de la República cuando éste propuso sustituir sus facultades como magistrado con encuestas de opinión.
Ciertamente no espero de usted ninguna moralidad, pero no porque la considere un bien trillado, sino porque es evidente que la ética pública es una materia a la que José Luis Vargas dio la espalda hace muchos años.
Lamento con sinceridad que sea usted quien en estos tiempos complejos conduzca los destinos de una institución del Estado mexicano tan relevante. Sin embargo, este duelo no me convierte, en modo alguno, en aspirante para ocupar su puesto. Hay otras personas que, dentro del Tribunal, desempeñarían con mucho mayor dignidad el encargo que ahora ostenta.
Ricardo Raphael
Periodista
