Un gobernador podría volverse juez con tal de que medien seis meses entre su postulación y el día en que será electo. La misma regla aplica para los diputados, senadores o fiscales. Si se es dirigente de partido no es necesario siquiera cumplir con este requisito. El presidente de Morena en Morelos, por ejemplo, podría ser nominado a juez de distrito.
Comienza a penas el análisis de la nueva iniciativa de reforma judicial presentada por la mayoría. Entre los muchos temas que merecen atención se encuentra la decisión de no colocar barreras ni exclusas para evitar la politización de la justicia.
Supuestamente, la iniciativa alejó a los partidos del juego donde serán seleccionadas las personas juzgadoras; sin embargo, entregó un poder enorme a los políticos que militan dentro de esas fuerzas electorales para influir en el resultado.
Podrán postular candidaturas a juez la presidencia y las gubernaturas, así como las cámaras de Diputados y Senadores. En una menor proporción participará la Suprema Corte y los tribunales locales de justicia.
La tentación de los partidos para proponer a sus cuadros políticos como jueces será grande. Una persona que quiera ocupar ese puesto, o bien ser magistrada o ministra, tendría que conseguir el favor del Ejecutivo o dos tercios de los votos en una cámara.
¿Cuántos favores va a coleccionar ese individuo antes siquiera de que su nombre aparezca en las boletas?
Actualmente ni los jueces ni los magistrados deben el cargo a los políticos. Con la nueva reforma, tal cual está propuesta, la obtención del cargo dependerá esencialmente de haber contado con padrinos dentro de los partidos.
Por definición, los políticos son mejores que los jueces para conseguir votos. Será fuerte la tentación para que un político en funciones se presente como candidato a juez ya que contará con mejores aptitudes para quedarse con la postulación.
Lo mismo sucedería en la etapa siguiente. Cuando los políticos hagan campaña tendrán más experiencia que los jueces a la hora de competir en las urnas.
La iniciativa recién presentada tiene como propósito obvio politizar la justicia o, lo que es lo mismo, sacar a los jueces para sustituirlos por agentes políticos.
Zoom: es una visión colonizante del Poder Judicial que por intromisión política restará imparcialidad, autonomía e independencia a la hora de impartir justicia.
