En México el 50% de la vivienda enfrenta algún problema de irregularidad y pide a gritos soluciones tecnológicas para modernizar catastros, registros públicos y notarios que asfixian muchas intenciones de tener una propiedad en regla. Tal y como lo han hecho Colombia, Brasil y hasta Afganistán con tecnología Blockchain. A pesar de esa situación, mucha gente se aventura a rentar su propiedad, debido a que no hay otra fuente de ingreso, arriesgándose a que, sin las debidas precauciones como un adecuado contrato y una garantía, padezcan un dolor de cabeza que puede escalar a la pérdida del patrimonio. Por ejemplo, don José, de 65 años, falleció y no dejó testamento, pero si un par de casas; una donde vivía con su esposa Nabora y otra que le rentó a Pedro, a quien ya no le renovó contrato. Al morir, su esposa avisó al inquilino que ella cobraría la renta y la respuesta fue un “si” pero sujeto a la entrega los CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet) de lo que había pagado a su esposo y el contrato vigente. La señora no tenía ni contrato ni CFDI porque no existían. Tuvo que recurrir a un abogado y ahí comenzó su dolor de cabeza, una probadita de estado de derecho. Un año en registro público y notario para la regularización de sus documentos, y dos años de juicios que afortunadamente ganó, para desalojar al inquilino. Pero súbitamente ella también falleció.
Cuando sus hijos, que viven en EE. UU., pudieron viajar a México tras las restricciones pandémicas, se enteraron de todo y decidieron, desde la óptica del estado de derecho del país que los adoptó en donde el respeto y cumplimiento de la ley es mucho mayor que en México, visitar al inquilino para pedirle el inmueble y ofrecerle incluso apoyo económico para la mudanza. Sin embargo, Pedro les dijo: “aunque ganen el juicio, no me van a sacar de la casa por mi derecho humano a la vivienda” ya lo habían “asesorado”. Eso ocasionó que los hijos de Nabora y José, olvidaran su hábito de cumplir la ley y esperaron a que Pedro y su familia salieran para romper cerraduras y sacar sus pertenencias a la calle. Algo que no se debe hacer porque puede resultar contraproducente; y peor aún, después hicieron saber a Pedro que, si intentaban meterse a la casa, él, su esposa y sus hijos recibirían su merecido por abusivos. Los inquilinos no regresaron. Después se dedicaron a regularizar las casas para venderlas. Pensaron que sería tan sencillo como en EE. UU. en donde los trámites son en línea y bueno, los notarios se encuentran hasta en una farmacia o bien, virtuales. Pero no, tuvieron que gastar mucho tiempo y dinero en pago de impuestos, servicios legales, notariales y corrupción. Una vez que concluyeron todo y vendieron, regresaron a su casa para no volver a saber más del dolor de cabeza que les ocasionó aquella probadita de estado de derecho en México.
