Se acaba otro año y cada vez se sienten más los vientos electorales de la próxima contienda. Y es en el calor de ese ambiente que se anunció para enero próximo el arranque de los trabajos para una Reforma Nacional de Justicia. Si, otra más que surgirá a partir de un ejercicio multiactores que buscará generar conclusiones robustas de retos que actualmente enfrenta el país, con enfoque autocrítico; la necesidad de una reingeniería que contribuya a la eficacia del sistema; escuchar a las víctimas; contemplar a todos los operadores de procuración e impartición de justicia; y la carga de trabajo. El objetivo es que la justicia rinda cuentas con honradez, eficacia y claridad.
Por años, investigadores, académicos, litigantes y organizaciones, hemos realizado análisis que van más allá de la percepción. Con la evidencia de expedientes completos en mano, acceso a instalaciones y personal para verificar si la persona que acudió a la justicia gozó de un debido proceso o hubo alguna falla ocasionada por inadecuadas condiciones de recursos normativos, humanos, tecnológicos, presupuestales o materiales. O inclusive si es que dichas fallas se originaron en el poder judicial federal o estatal. Estamos lejos de ver algo nuevo. Lo que ha circulado es una fórmula agotada que parece más bien desempolvarse para las campañas venideras. Que conforme se va leyendo pierde fuerza ante, en el mejor de los casos, vulnerables fuentes de información como la percepción ciudadana, o, en el peor, afirmaciones de corrupción a ciertos grupos. Pero quizá llama aún más la atención el objetivo y énfasis de incluir la participación de jóvenes, cuando la ciudadanía (en general) ya emite su percepción. La procuración e impartición de justicia mexicanas enfrentan retos a nivel federal y local, de eso no hay duda y hay que trabajar en ello con los diagnósticos adecuados y, fundamental, reconociendo lo que pasa. Pero de eso a narrativas que rayan en lo popular para algo tan importante como la justicia, que en cada párrafo se estrellan con la realidad y que más aún, son expuestas por voces que apenas en 2022 se jactaban de haber logrado un poder judicial autocrítico, demostrable con hechos y con el consenso de magistrados y jueces, como que algo no checa. No se trata de voces y perspectivas, se trata de voluntad y acción para lograr una verdadera justicia abierta que interactúe con pleno respeto a la división de poderes ante otras instancias, que aproveche al máximo la innovación tecnológica para contribuir en que sea una misma justicia, que sea transparente con su información y rinda cuentas de su quehacer, y que interactúe con la ciudadanía como tiene que ser, protegiendo sus derechos y no como parte de una contienda electoral. En caso contrario es casi seguro que esto terminará en una burla (más) a la justicia mexicana.
