La certeza jurídica tiene diversas implicaciones para el desarrollo económico de un país. Permite avanzar en las actividades públicas y privadas con apego a la ley. Para ello, la fe pública notarial da claridad a circunstancias y contenido de actos o hechos. Evitar las nulidades en contratos, reducir costos de transacción, en fin, una prueba con valor irrefutable y fuerza ejecutoria. Además, no se ha quedado atrás en el terreno de la innovación, muestra de ello son las empresas que ya ofrecen servicios notariales digitales a partir de soluciones tecnológicas que aprovechan Inteligencia Artificial (IA), Blockchain, reuniones virtuales, firma electrónica y una nube virtual para mantener información resguardada y disponible.
A pesar de que la calidad de los servicios notariales ha mejorado, hay retos que parecen aferrarse a la realidad de mucha gente y que se reflejan, por ejemplo, en la elevada irregularidad en la propiedad privada mexicana (cerca del 50%) o en todas esas personas que buscan opciones más baratas, como una certificación judicial o un Corredor Público para ciertos documentos que sean compatibles a sus funciones. Situaciones que reviven la añeja discusión respecto a si el notario es servidor público o agente económico, en donde se ha dicho que su función no puede ser encomendada a la burocracia como otras potestades del Estado; que no podría penetrar en la médula del negocio documentado y sería más bien un simple trámite que no dotaría de profundidad y sentido particular a la voluntad de la gente. O el máximo Tribunal que ha postulado que no debe ser considerado como agente económico en virtud de que, por la actividad que realizan y la facultad que tienen de obtener los gastos erogados y cobrar honorarios, no realizan una actividad económica con la cual puedan especular y elevar los honorarios correspondientes en la prestación de sus servicios, ni trascienden en la actividad económica, pues no realizan actos de comercio ni mercantiles. Sin embargo, es inevitable pensar en la contraprestación por sus servicios, además del cobro de gastos relativos a la validación de actos que hacen con una fe pública que les fue conferida desde el siglo XIX cuando la atomización de instituciones exigía mecanismo de apoyo para las funciones del Estado. Las cosas han cambiado mucho desde entonces.
No hay duda del impacto de los costos por servicios notariales en el ambiente de negocios. Aunque parece tener aún mayor impacto el no contar con una administración pública eficiente y eficaz, dotada de soluciones innovadoras, de herramientas de evaluación y control adecuadas para desempeñar las funciones de una potestad que ha sido delegada, pero cuya naturaleza es pública, para cerrar las barreras que actualmente enfrentan aquellas personas que simplemente no pueden tener acceso a un notario. En esas condiciones, el impacto de la tecnología sería exponencial para la certeza jurídica.
